El FMI sugiere la implantación de un nuevo impuesto para fmanciar la sanidad

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere, en el informe que entregó ayer al Gobierno sobre la economía española, la implantación de un nuevo impuesto para fortalecer la financiación de la sanidad, o el establecimiento de tarifas para algunos servicios sanitarios. El informe, que globalmente califica muy bien la política económica llevada a cabo por el Gobierno, afirma que España "puede y debe" cumplir los criterios de Maastricht en 1997, aunque tiene que, acometer algunas reformas que no entrañan, según el Fondo, una excesiva dificultad.

El Fondo Monetario concluye que España experimentó en 1995 una considerable mejora de su economía, que alcanzó un crecimiento del 3% con una significante reducción del desempleo, "y la política económica tuvo mucho que ver en esa mejora", dice. El objetivo de reducir el déficit público va bien encaminado, el Banco de España ha ejercido correctamente su autonomía y el desarrollo de la reforma laboral ha contribuido a la creación de empleo y la moderación salarial.Todo ello son pasos que allanan el camino para mejorar este año, en el que el Fondo cree que crecerá el consumo y habrá buenas perspectivas para la inversión privada. Sin embargo, el Fondo limita el crecimiento de la economía al 2,75% (la estimación oficial es del 3,4%) mientras que la inflación' quedará cerca del 31/o a final de año o primeros de 1997. Con todo, si se recupera la economía europea, España crecería más.

Bajo esas condiciones, el FMI afirma que España "puede y debe" cumplir los criterios de Maastricht en 1997, aunque necesita realizar ciertos ajustes. Especialmente una mayor con solidación fiscal. Así, le preocupa que en 1997 no pueda proseguirse con el recorte de gastos, cree que se está agotando la vía de recortar la inversión pública, y vuelve a llamar la atención sobre el gasto por parte de los gobiernos locales. En definitiva, el Fondo considera que sólo con la reducción de gastos no será posible cumplir el objetivo de déficit, por lo que mantiene que el Gobierno tendrá que actuar sobre los ingresos. En este punto, el informe hace especial hincapié en la financiación de la sanidad, que necesita, a su juicio, profundas reformas. Apoya, en este sentido, la separación de la financiación de la sanidad de la de las pensiones, de manera que la primera se haga mediante impuestos y la segunda se, base en las cotizaciones sociales. Y afirma que, dados los problemas fiscales que tiene España, difícilmente se podría financiar la sanidad sólo con los ingresos ahora existentes, por lo que propone "una nueva contribución basada en un amplio tipo de ingresos" o la implantación de tarifas para determinados servicios sanitarios "lo que ele varía los ingresos y reduciría los abusos".

Sobre las pensiones, opina que el Pacto de Toledo da buenas ideas para consolidar el sistema y se muestra a favor de expandir los fondos privados de pensiones, pero no mediante generosos" incentivos fiscales.

Además de la consolidación fiscal, otra clave será una política monetaria claramente orientada a conseguir la estabilidad de los precios. El Fondo señala que la inflación todavía es alta, por lo que emplaza al Banco de España a que convenza a los agentes sociales para conseguir mayores reducciones en el alza de precios. Es decir, sugiere la moderación salarial.

Previene también al banco emisor sobre los riesgos de reducir sustancialmente tipos en medio de la incertidumbre electoral, si bien afirma que cuando queden claras las expectativas de reducción de déficit e inflación por debajo del 3% sí debería bajar el precio del dinero para favorecer la recuperación.

Entre las reformas que cita para conseguir la convergencia se encuentra más libertad en los horarios comerciales, en el establecimiento de grandes superficies y en el de las tarifas de profesionales. También propone una mayor liberalización del mercado de suelo.

El Fondo vuelve a citar la necesidad de profundizar en la reforma laboral. Concretamente, afirma que hay que abaratar el coste del despido, aunque aclara que no está sugiriendo "el despido libre". Y lo dice tal cual, en castellano, en un informe que está redactado en inglés.