El comandante Moreno fue quien negó al juez del 'caso Zabaltza' datos sobre Intxaurrondo

El comandante Javier Moreno Hernández fue quien. se negó a facilitar al juez Fernando Andreu los datos sobre los integrantes de los denominados grupos rojos antiterroristas de la Guardia Civil, que éste había requerido el pasado 19 de diciembre dentro de la investigación sobre el caso Zabaltza. El comandante Moreno, antiguo colaborador del hoy general Enrique Rodríguez Galindo, respondió a la petición judicial en ausencia del teniente coronel Ignacio Laguna, jefe del cuartel de Intxaurrondo, y a espaldas del Ministerio de Justicia e Interior, según fuentes de la Guardia Civil.

El juez donostiarra Fernando Andreu, que investiga la muerte de Mikel Zabaltza Gárate, mientras estaba detenido por agentes del cuartel de Intxaurrondo en noviembre de 1985, solicitó a los mandos de este establecimiento los nombres de quienes formaban los grupos rojos, de los servicios médicos del cuartel y de los integrantes de los equipos de buceo. Con todos estos datos, pretende aclarar la muerte de Zabaltza que, según la versión oficial, se produjo por ahogamiento accidental en el río Bidasoa, cuando trataba de huir."No es posible facilitar los datos solicitados, ya que este tipo de documentación engrosa la llamada documentación pasiva, la cual se destruye a los cinco años de antigüedad", alegó el comandante Moreno en el escrito remitido al magistrado el pasado día 9, en calidad de jefe accidental de Intxaurrondo, ya que el teniente coronel Laguna se hallaba ausente por vacaciones.

El comandante Moreno se limitó a, facilitar los números (le Tarjeta de Identidad Militar (TMI) de los agentes que instruyeron el atestado referido a la detención de Zabaltza y la de los que efectuaron los registros en los domicilios de las seis personas que fueron arrestadas entonces en la misma operación anti ETA. El único nombre que facilitó el oficial fue el del sargento José Juan Pastor Muñoz, jefe de los grupos de buceadores de la comandancia de Guipúzcoa.

Aunque Moreno Hernández asegura que "no es posible" facilitar al juez la identidad de los integrantes de los grupos antiterroristas de Intxaurrondo en 1985, fuentes del instituto armado, sostienen que tales datos no se destruyen y que al menos deben de constar en los registros existentes en la dirección general del cuerpo en Madrid.

Lo mismo sucede con los guardias que estaban destinados en los servicios médicos del cuartel en aquellas fechas. El juez pretende con ello poder tomarles declaración para averiguar si son ciertas las noticias que apuntan a que un ATS inyectó agua del Bidasoa al cadáver de Zabaltza, para simular que éste había perecido ahogado.

Moreno, que fue estrecho colaborador del hoy general Enrique Rodríguez Galindo, cuando éste dirigía Intxaurrondo, decidió responder al juez Andreu sin consultar antes con sus mandos de la dirección general ni del Ministerio de Justicia e Interior. Pese a ello, continúa en su puesto sin que por el momento se haya abierto ningún expediente interno para aclarar el asunto.

El abogado Iñigo Iruin, representante de la familia de Zabaltza, ha interpretado que la negativa de este guardia civil a entregar al juez tales datos supone un intento de poner el "punto final" al caso, ante las sospechas de que el detenido pudo morir tras ser torturado en los interrogatorios.