¡Hasta problemas en el cine!

Deseo transmitir, del modo más escueto posible, la sensación de indefensión e impotencia que tengo ante el abuso y desconsideración del que he sido objeto junto con mi familia y otras 10 personas que también, fueron engañadas y menospreciadas. Los hechos tienen lugar en la tarde dé Navidad, cuando, con mi esposa y tres hijos (adultos) decidimos asistir a la sala 1 de cine Canciller,_en su sesión de las 20.30Una vez en posesión de las correspondientes entradas, pagadas a razón de 675 pesetas cada una, accedimos a la sala unos quince minutos antes del comienzo del pase de la película. No obstante, en ese momento se estaba proyectando algo. en la pantalla, por lo que las luces estaban apagadas, sin que hubiera persona alguna encargada de la colocación de los espectadores. Aparentemente al menos, todo estaba ocupado, sin posibilidad alguna de poder satisfacer nuestros deseos.

Ante la situación creada solicitamos hablar con el encargado del local, haciéndosenos esperar más de quince minutos para llevamos a, la puerta del despacho del citado señor, donde esperamos otro cuarto de hora. La película, en ese momento, debería llevar al menos veinte minutos de proyección.

Durante la espera, los cinco miembros de la familia se encontraron acompañados de otras 10 personas que, con idéntico problema, esperaban alguna solución.

Dentro de un tono de absoluta seriedad, pero en todo momento correcto, se le apuntó al representante del cine la posibilidad de recibir entradas para la siguiente sesión o incluso para sesiones del día siguiente o sucesivos.

Naturalmente, también se le brindó la posibilidad de devolvernos el importe de las 15 entradas (en total) no utilizadas por problemas de disponibilidad de plazas libres.

Ninguna de nuestras propuestas fue aceptada, brindándose el único canal de formular nuestras quejas en el libro de reclamaciones, y siempre con la pueril amenaza de avisar a la policía para que depusiéramos nuestra actitud y abandonáramos el local.

Como puede suponerse, nuestras reclamaciones fueron recogidas en el citado libro, en el que pudimos comprobar que ya existían diversas denuncias. previas similares a la nuestra. También exigimos la presencia en el local de la policía para que, actuando en conciencia, pudiéramos tener una clara prueba de los hechos acontecidos.

Los servicios del 091 se limitaron a comprobar los hechos y a redactar la oportuna acta, aconsejándonos formular denuncia" en la correspondiente comisaría del distrito, no ocultándonos su temor a que nuestra denuncia no prosperara por no alcanzar el importe total de las entradas las 30.000 pesetas, que, según parece, es la cantidad mínima que ha de estafarse a un sujeto para que pueda ser atendido.

La denuncia es presentada en comisaría, donde, al tiempo que se nos confirma la gran duda; por parte del funcionario, del éxito de nuestra petición, se nos recomienda que formulemos una queja paralela en la Oficina para la Defensa del Consumidor del Ayuntamiento de Madrid.

En este momento, la denuncia en la Oficina del Consumidor está formulada al menos por siete personas de las- 15 afectadas, pero mi desánimo es total al ser informado de los trámites que se van a seguir:

- El Ayuntamiento va a mandar un inspector al cine. Dudo mucho de que el citado inspector pueda comprobar unos hechos ya pasados, que, por otra parte, ya fueron comprobados en tiempo y lugar por la policía.

- El inspector va a recomendar al cine la devolución del importe de las entradas. Naturalmente, los responsables del cine Canciller aceptarán o no la propuesta , que en ningún caso sera de obligado cumplimiento por no tener fuerza alguna las autoridades municipales.

Ante los hechos comentados y ante la imposibilidad de encontrar algún estamento oficial realmente ejecutivo que pueda adoptar decisiones, para evitar actuaciones que van, claramente contra los intereses de los ciudadanos, no puedo por menos que hacerme el siguiente planteamiento:

Si al terrorista que indiscriminadamente asesina se le aplican, en el peor de los casos para él, penas que no cumple en su totalidad, facilitándosele la reinserción en nuestra sociedad; si delincuentes comunes que son detenidos con las manos en la masa son puestos de inmediato en libertad, dando lugar a reincidencias, con la correspondiente desmotivación de las fuerzas policiales; si estamos más pendientes de juzgar a autoridades policiales, militares o políticas por supuestas acciones realizadas en la frontera de la permisividad; si se toleran -o por lo menos no se actúa tajantemente- hurtos, violaciones, abusos como el que ha sido objeto de mi carta y en ningún caso existe definido organismo o autoridad capaces de atajarlos de inmediato, no puedo por menos que pensar que algo está fallando en mi país.

El ciudadano medio, trabajador y contribuyente, es obligado solidariamente a cumplir normas, a aceptar leyes, a pagar impuestos. Todo ello es imprescindible para levantar nuestro país, pero ¿quién protege al ciudadano de un modo rápido y eficaz? ¿Quién le defiende de actuaciones abusivas y prepotentes como las detalladas? ¿Es ésta la democracia que todos queremos y añoramos? Ante esta situación muchos vivimos con la esperanza de un cambio, pero ¿el cambio será para mejorar?.-