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Un informe policial cuestiona el origen del enorme emporio empresarial de Victorino Alonso

Un informe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil revela que el empresario minero leonés Victorino Alonso, de 43 años, declarado insolvente por varios juzgados, posee y dirige un complejo entramado societario de unas treinta empresas, con un valor real de cerca de 20.000 millones de pesetas, un capital social superior a los 2.000 millones y un movimiento de dinero en suministros de unos 40.000 millones. La Guardia Civil se muestra extrañada y sorprendida de "que sin patrimonio conocido ni socios capitalistas colaboradores, un señor que poseía 40 acciones de Hullas de Barruelo, SA, y un ciclomotor en 1989, y que manifiesta vivir de las propinas del padre", pueda ser el gestor de este emporio empresarial.

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La documentación de esa unidad, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se pregunta también cuál es la procedencia de "este importan te incremento de patrimonio", no declarado desde entonces. Los agentes reflejan que algunas minas de Alonso no declaran granos (carbón de uso doméstico que no vale para centrales térmicas) -algo que consta en el Ministerio de Industria-, lo, que supondría "un importante fraude fiscal". Industria ha entregado a Alonso desde 1990 hasta hoy el control de más de un. tercio del cupo de carbón nacional (3,5 mi llones de toneladas) y algunos de sus actuales altos cargos reconocen sin recato que este empresario será el que muy pronto controle absolutamente el sector. Al tratarse de un sector intervenido, las ayudas y subvenciones públicas a las empresas de Alonso (con más de 5.000 trabajadores) se acercan a los 25.000 millones de pesetas anuales. Sólo Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), de la que Alonso es vicepresidente, consejero delegado, accionista mayoritario, con 2.000 trabajadores, recibirá hasta finales de 1997 casi 21.000 millones de pesetas en ayudas directas procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y de la tarifa eléctrica.

Sólo un vigilante jurado

La Guardia Civil dice que Alonso figura en los archivos centrales de la Intervención de Armas de la Guardia Civil, con la condición de vigilante jurado, y en posesión de licencias para varios tipos de armas, entre ellas un revólver. Su esposa, María Elena Morán González, cuenta con las mismas licencias.La investigación policial se ha realizado a instancias del Juzgado de Instrucción número 8 de León, donde se sigue una querella contra Alonso de su ex mujer, Mar Blanco, por alzamiento y ocultación de bienes, pero el empresario nminero mantiene otros importantes lifigios, por presuntos fraudes a Hacienda y a empresas eléctricas, en siete de los diez juzgados de instrucción de León.

La Guardia Civil ha constatado que Alonso carece de domicilio conocido. También destacan los agentes que "es tal la complejidad del entramado societario, en el que las acciones se cruzan entre sí, que les desborda su aspecto contable y, fiscal", por lo que, solicitan que el juzgado nombre inspectores financieros y tributarios que les asesoren.

En el entramado de empresas del grupo Victorino Alonso se utiliza para la constitución de las sociedades, que luego venden los titulos o acciones a otras del grupo, y para los cargos directivos de representación, a varias personas: Antonio de la Fuente, Juan José Fernández López (de los que la Guardia Civil dice que son dos auténticos testaferros y asegura desconocer el actual patrimonio de ambos; el primero no ha presentado declaración en los últimos años por este aspecto), Manuel Fernández Alonso, Esteban Guerrero Contreras, Lucio González Tascón y Juan Antonio Martín Moreno, este último subdirector general de Minas del Ministerio de Industria durante 13 años, hasta 1991, y desde 1994 director general de MSP.

En la punta de la pirámide de las empresas de Alonsó se encuentran tres sociedades anónimas extranjeras: Watercard y Elbeida -ambas de nacionalidad uruguaya-, y Financial Investment Corporation, una sociedad de derecho norteamericano, del Estado de Delaware, de la que Interpol Washington e Interpol Madrid afirman en un escrito de 6 de junio de 1995 que el Departamento de Justicia de EE UU no ha encontrado ningún tipo de información. De estas tres empresas extranjeras Alonso es el administrador único.

Amistades peligrosas

El que fuera director general de Minas Enrique García, leonés también, verdadero artífice de la primera gran reconversión del sector minero y en la actualidad un alto directivo de Endesa, es de los pocos que en público se atreve a asegurar que el empresario minero es una "bendición" para el sector. El gobernador civil de León, Manuel García, y el director provincial de Trabajo, Francisco Javier Otazu, prefieren no opinar sobre Alonso, aunque frecuentemente aparecen flanqueando al empresario en actos públicos de las empresas mineras de su propiedad. El segundo suele mediar en los conflictos laborales de las empresas mineras de Alonso. Los sindicatos consideran que el hecho de que la esposa de Otazu trabaje para Alonso no afecta a los resultados de las mediaciones.Unión Fenosa tiene en marcha una querella criminal contra Alonso por un supuesto fraude en la calidad del carbón suministrado. La compañía eléctrica le reclama más de 2.000,millones de pesetas. Catedráticos de la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid nombrados por el juzgado han valorado el fraude, tras los pertinentes análisis, en más de 1.331 millones de pesetas, que se convertirían en 4.090 millones de aplicarse la cláusula de rechazo del contrato oficial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de enero de 1996

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