El Gobierno pagará a los funcionarios 40.000 millones por el desvío del IPC

El Gobierno tendrá que abonar 5.000 millones de pesetas a los ,empleados de las Administraciones Públicas por cada décima que se haya desviado la inflación en 1995 respecto al aumento de su masa salarial, en aplicación del vigente acuerdo de retribuciones firmado con lo s sindicatos de la función pública. Sin embargo, eso no supondrá una paga extra del 0,8% sobre la retribución de cada funcionario (la diferencia entre la inflación prevista y la real), sino menor, ya que se descontarán las desviaciones salariales (categoría y antigüedad) registradas por encima del 3,5% pactado, según informaron fuentes de la Administración.El Gobierno tendrá que hacerse cargo tanto de la revisión para los empleados de la Administración central y de la Seguridad Social, como del efecto arrastre producido por las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas.

Teniendo en cuenta ese. factor, cada décima de desviación sobre la inflación prevista cuesta alrededor de 5.000 millones de pesetas, según fuentes oficiales, pero por los factores señalados la factura total de la revisión será inferior a los 40.000 millones que resultarían de multiplicar esa cantidad por la desviación de los precios en el 95.

Mesa de retribuciones

La complejidad del sistema de este sistema de revalorización hará necesaria una próxima reunión de la mesa de retribuciones, en la que están presentes los ministerios de Economía y Administraciones Públicas, así como los sindicatos de funcionarios más representativos.Será en esa mesa donde se decida el importe exacto de la paga compensatoria, en cuyo cálculo también podría plantearse el problema de si se contabiliza o no entre la masa salarial de 1995 la subida que lograron los médicos tras una prolongada huelga, que supuso un gasto adicional para el ejercicio pasado de 3.500, millones de pesetas. Los sindicatos se oponen rotundamente a que se incluya esa cantidad en la masa salarial, criterio en el que también coinciden tanto Sanidad como Administraciones Públicas.

No obstante, también las centrales mantienen posturas diferentes sobre cómo debe realizarse la revisión, ya que el CSI-CSIF sí exigirá que se aplique con carácter individualizado, lo que supondría un aumento adicional del 0,8% para cada empleado público, según explicó su secretario de Acción Sindical, Enrique Alonso.

Por contra, Enrique Arnau, de CCOO, dijo que la posición de su sindicato es aplicar la revisión que corresponda de restar al 4,3% de inflación la subida de la masa salarial, incluyendo en esta última las desviaciones que se hayan producido como consecuencia de acuerdos pactados por los sindicatos, pero excluyendo las que sean consecuencia de medidas unilaterales de la Administración.