Una marea negra de dinero

"Aquellos días decían/ que pronto se iba a arreglar /y dieron cuatro pesetas / para hacernos callar", cantaban ayer, más o menos con la música de A rianxeira, cientos de mujeres en el exterior del Palacio de Justicia de La Coruña. Prácticamente todas ellas tienen amplia experiencia como víctimas de las mareas negras y de sus secuelas, tanto ecológicas como legales. Cuando ocurrió la del petrolero Mar Egeo, el 3 de diciembre de 1992, acababan de cobrar por la del Urquiola, a los 13 años de producirse.

En el interior de la Audiencia Provicial, en su Sala Primera, se reanudaba el juicio por el accidente del buque griego, que derramó 80.000 toneladas de petróleo después, de embarrancar o, más bien, empotrarse sin paliativos contra las rocas en las inmediaciones de la Torre de Hércules. El recinto se ha acondicionado para 20 letrados en representación de las distintas partes en disputa, desde la armadora Aegean Sea Traders Corporation hasta empresas mejilloneras. El sumario consta de 10.000 folios. Hay servicios de traducción al griego y el inglés. También, pizarras y monitores de televisión para explicar al detalle las trayectorias y los rumbos.

Todo ese despliegue para contar con un único acusado en el banquillo, el práctico del puerto en la noche de autos, Rodolfo García Otero que afronta una petición fiscal de 100.000 pesetas, de multa por un delito de imprudencia. El otro procesado, el capitán del barco, Constantinos Stavridis, afronta desde cualquier mar del mundo, absuelto por un tribunal griego, una posible sanción de 300.000.pesetas. A los tres, años, la historia de aquella tragedia se repite judicialmente, casi, como una comedia. Más que quién fue el culpable -los abogados proporcionan todas las combinaciones posibles- se juzga a quién le toca pagar las indemnizaciones.

"No nos importa quién sea el culpable. Lo que queremos es que se responda del desastre: el dinero". Así, con gesto práctico, resumía ayer el sentir general de los concentrados Xosé Manuel Carpente, el presidente de la comisión de la decena de cofradías afectadas. Ése es igualmente el sentir general de la mayoría de los acusadores. Hace diez meses, el primer intento de llevar a cabo la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 2 se frustró por la incomparecencia del capitán, que ya había sido juzgado y absuelto por un tribunal griego y continúa navegando.

La situación se desbloqueó gracias a un truco legal ideado por un miembro de la fiscalía: rebajar las peticiones penales a menos de un año, con lo que el capitán podía ser juzgado sin estar presente. La mayoría de los, acusadores rebajaron entonces sus peticiones a seis meses y un día de prisión, excepto el abogado del Estado, que continúa solicitando dos años de cárcel para Stavridis, y el representante de una firma mejillonera, que pide cuatro anos para cada uno de los dos encausados.

La fiscalía solicita que dos tercios de la indemnización correspondan a los responsables solidarios del capitán -la aseguradora UK Steániships Assurance y el Fondo Internacional de Compensación de Daños por Contaminación de Hidrocarburos- y el tercio restante a los del práctico -la Administración espoñola Y Repsol, destinataria de la carga.

A los 10.000 millones de pesetas que reclaman los pescadores, que sólo han cobrado como adelanto 631, hay que sumar los 8.000 de las distintas administraciones por los gastos de limpieza de las rías y una cantidad sin determinar solicitada por las empresas mejilloneras.

Sin embargo, e independientemente de lo que decida el juez, tanto la compania aseguradora como el Fondo han anticipado los que consideran sus límites de responsabilidad económica: 1.121 y 10.000 millones, respectivamente.

A la sala, donde los 20 letrados se flagelan con cuestiones procedimentales, se colaban ayer a través de las vidrieras los cánticos incansables de las mariscadoras: "A ver si ahora hay juicio / y dictan pronto sentencia, / sí no quieren esperar/ a que perdamos la paciencia".