La sociedad existe

En los años ochenta, la señora Thatcher pronunció la célebre frase: la sociedad no existe. Según la ideóloga de la revolución conservadora, tan sólo había Estado (al que combatir hasta dejarle en su mínima expresión) o individuo, sujeto protagonista de todos los eventos. El preacuerdo entre patronal y sindicatos para la resolución extrajudicial de los conflictos laborales, al que se ha llegado la pasada semana en España, indica lo contrario: que hay una sociedad civil que, en ocasiones, sale de su modorra y evita la acción pública, muchas veces de difícil cumplimiento.El establecimiento de una mediación obligatoria en las huelgas (movilidad, modificaciones de las condiciones de trabajo, despidos colectivos), si se extendiese a los ámbitos a los que todavía no ha llegado (fundamentalmente a aquellos en que el Estado, en cualquiera de sus formas, es el patrón), llegará a ser una de las piezas fundamentales de la concertación social en España. "La concertación social es una práctica política impregnada de pragmatismo para introducir una mayor dosis de consenso y de legitimidad en la elaboración y aplicación de ciertas medidas de política social y económica... En términos generales, el fenómeno de la concertación social ha sido una respuesta política de los sistemas de democracia pluralista en los países industrial izados a la rigidez de los mecanismos constitucionales de expresión del poder, para asegurar la gobernabilidad y canalizar la compleja y conflictiva realidad de estas sociedades, buscando para ello la cooperación de los agentes sociales". Así se explica en el libro Concertación social y otras formas de neocorporativismo en España y en la Comunidad Europea, de Miguel Angel Solans, de reciente publicacion.
Con muy distintas fórmulas, en el periodo de la transición se firmaron algunos grandes pactos sociales: los Acuerdos de La Moncloa (1977), el Acuerdo Básico Interconfederal (1979), el Acuerdo Marco Interconfederal (1980), el Acuerdo Nacional de Empleo (1981), el Acuerdo sobre al Patrimonio Sindical Acumulado (1981), el Acuerdo Interconfederal, (1983), el Acuerdo Económico y Social (1984) y los planes de reconversión industrial.
En el año 1978, en vigor ya los Pactos de La Moncloa, visitó Madrid el ex primer ministro británico, el laborista Harold Wilson. Pese a su larga experiencia concertadora, Wilson declaró: "En cierto sentido, España va más adelante que nosotros. El Gobierno [de UCD] ha alcanzado un pacto político y económico que puede ayudar a su desarrollo. En el pacto han intervenido los partidos políticos. En el contrato social que nosotros mantenemos con los sindicatos no ha sido posible incorporar a los partidos políticos porque en este plano los conservadores proponían que toda normativa de control salarial, por ejemplo, se dispusiera por ley, algo en lo que nosotros no podíamos estar de acuerdo". .
Si las cúpulas dan su conformidad, la resolución negociada de los conflictos habrá abierto nuevos caminos de diálogo social, distintos del meramente salarial; habrá una mayor implantación de patronal y sindicatos en la gestión y resolución de las relaciones laborales; y se habrá logrado, de paso, una mayor autonomía de las partes. Y trabajadores y empresarios habrán cumplido el objetivo con que se presentaron hace un año: ser un factor de distensión de la vida pública española, sin renunciar a ninguno de sus derechos. Sólo así se entienden el malhumor y la furibunda oposición al preacuerdo de los partidarios del "cuanto peor, mejor", que ven cómo se les escapa de las manos otro instrumento de deterioro con el que contaban.
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