Décimos de lotería regalados crean un conflicto político en municipios catalanes

El pasado 22 de diciembre, los décimos regalados por la empresa Cooperativa de Construcciones del Baix Llobregat repartieron 6.000 millones del segundo premio de la Lotería de Navidad entre centenares de políticos, altos cargos, arquitectos, secretarios, administrativos y ordenanzas de varios ayuntamientos del Baix Llobregat. Tras la primera euforia por la lluvia de millones, se desataron las voces discrepantes -gente excluida del reparto- y se lanzó la gran pregunta: ¿se puede considerar un décimo de lotería como cualquier otro regalo?La polémica estalló en Gavà. El concejal José Obispo repartió entre otros cuatro ediles los décimos que debían ir a parar a los trabajadores. El motín de los funcionarios no se hizo esperar. Obispo aseguró que todo era un malentendido, los concejales devolvieron la lotería y hubo paz.

La segunda batalla se libró en Corbera. Un concejal del PP, en el gobierno junto al PSC y dos grupos de independientes, amenazó con llevar a los tribunales el hecho de que las participaciones del número premiado no se distribuyeran equitativamente entre toda la plantilla municipal y quedara fuera la Guardia Urbana. En otros ayuntamientos las disputas fueron más soterradas: personal que hasta poco antes del sorteo pertenecía al departamento en el que se repartieron los décimos, trabajadores que ese día no estaban....

En Sant Feliu fueron los primeros en tratar de salir del atolladero. El alcalde Francesc Baltasar y los dos concejales agraciados decidieron repartir tres cuartas partes del premio entre los trabajadores de sus respectivas áreas. En L'Hospitalet se decidieron tres cosas: encargar al secretario un informe sobre la legalidad de la aceptación de los décimos, instar a los agraciados a aportar dinero a causas sociales y encargar un reglamento interno para regular estos regalos.