Whitewater ataca de nuevo

Ante una fuerte presión del Congreso y para evitar un incómodo proceso judicial, Bill Clinton aceptó el viernes pasado entregar documentos privados relacionados con el caso Whitewater. Es este un viejo escándalo que por algún tiempo pareció resuelto y archivado. Pero ahora, por la proximidad de la campaña electoral y el deterioro del clima político general, los republicanos han vuelto decididamente a, la carga hasta conseguir dar la impresión de que el presidente norteamericano y la primera dama ocultan algo sobre Whitewater.Durante semanas, la Casa Blanca y el comité investigador del Senado sobre Whitewater, el republicano Alfonse D. Amato, batallaron sobre unos apuntes recogidos en una reunión de Clinton con sus abogados celebrada en 1993. El presidente reivindicaba su derecho a mantener en la privacidad las conversaciones con sus representantes legales. "Creo incluso que el presidente tiene derecho a tener una conversación confidencial con su sacerdote, su doctor y su abogado", sostenía Clinton.

Alfonse D. Amato, uno de los más impetuosos y radicales senadores republicanos, aseguraba que los documentos contenían material imprescindible para la investigación que conduce la Cámara alta. Ante la negativa de la Casa Blanca, Alfonse D. Amato amenazó con poner el caso en manos de los tribunales. Clinton quiso evitar que el asunto alcanzase mayor repercusión y entregó, por fin, los papeles.

Destrucción de documentos

Éstos parecen demostrar, según las filtraciones que han aparecido en la prensa, que Hilary Clinton, conectada al escándalo Whitewater cuando trabajaba en una firma de abogados de Little Rock (Arkansas), mandó destruir documentos de los archivos de esa firma que podrían resultar perjudiciales para ella y su marido. Whitewater era el nombre de un proyecto urbanístico que los Clinton habían hecho en Arkansas a finales de los años setenta junto a un amigo que era un poderoso financiero local. La inversión acabó en fracaso y el amigo de los Clinton fue procesado por fraude. Ya con Clinton en la presidencia, el asunto se complicó por el suicidio de uno de sus asesores en la Casa Blanca, que tenía bajo su control los documentos de Whitewater.Nada ilegal se ha podido probar hasta ahora contra los Clinton, pero tampoco se han despejado por completo las dudas que existen sobre el comportamiento del presidente y su esposa en aquel episodio. De tal manera, que Whitewater ha sido una sombra que ha planeado siempre sobre la Casa Blanca y que podría volver a dañar a Clinton en los meses de la próxima campaña electoral.

Los documentos entregados ahora por la Casa Blanca "ofrecen nuevas pistas a seguir", según el asesor legal del comité investigador del Senado, Michael Chertoff.

El presidente de ese comité ha dicho que, por el momento, no tiene intención de llamar a declarar a Clinton, ni a su esposa, lo que les evita un aprieto de tremenda resonancia publicitaria. Pero Alfonse D. Amato sí ha advertido que "van a ser convocados nuevos testigos para saber qué ocurrió con los documentos desaparecidos'' en la firma de abogados de Arkansas.

Ninguno de los datos de los que se dispone en la actualidad dan pie a pensar que los Clinton se enriquecieron ilegalmente con Whitewater. Las sospechas están dirigidas más bien a su actuación en un caso de fraude en Arkansas que le costó al contribuyente 60 millones de dólares (unos 7.200 millones de pesetas), así como a diferentes episodios de ocultamiento de información y aprovechamiento de su posición de poder.

En suma, Whitewater cuenta con dinamita suficiente para convertirse en una bomba de potencia si los republicanos consiguen conectar todos los cables sueltos. A favor del presidente está el hecho de que eso resulta muy complicado. El escándalo es lo suficientemente antiguo y complejo como para que la opinión pública haya demostrado, por el momento, poco interés en él.

En los últimos días, sin embargo, tanto The New York Times como The Washington Post han tratado en portada la evolución del caso, dejando la impresión de que éste no está ni mucho menos cerrado. David Brinkley, el famoso periodista de la cadena ABC, comentó el asunto la pasada semana y, por error, aludió a Watergate, en lugar de Whitewater.

Todo esto supone para el presidente un doble perjuicio. Primero, que la sospecha, aún sin probar, tiene efectos devastadores cuando de corrupción se trata. Y segundo, que Clinton está gastando y tendrá que seguir gastando en abogados para WhiteWater recursos económicos que va a necesitar para poner en marcha una campaña electoral ganadora.