Fraga contra el imperio del Bloque

Se compraron corbata, prometieron acatamiento a la Constitución, repartieron notas de rechazo al terrorismo, ficharon al ex vicepresidente de una Xunta de Alianza Popular y gobiernan con el PSOE en decenas de pequeños municipios. Del centro-izquierda hacia delante y de los federalistas a los independentistas, todo cabe en el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ios antiguos barbudos revolucionarios que en los comicios autonómicos de 1993 obtuvieron el voto de casi uno de cada cinco electores gallegos (270.000). Pero el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y el alcalde de La Coruña y líder de los socialistas gallegos, Francisco Vázquez, se han unido estos días para asegurar que todo es pura fachada y desatar de paso la mayor tormenta política de los últimos tiempos en Galicia."El BNG es como HB sin ETA", sostiene Vázquez. Fraga acusa a los bloqueiros de promover la "guerrilla urbana" y dice que su "brazo armado" es la Confederación Intersindical Galega (CIG), una central que casi iguala en número de delegados en Galicia a UGT y CC OO. Los nacionalistas están indignados por lo que su líder, Xosé Manuel Beiras, define como una "auténtica canallada" y se plantean acudir a los tribunales ante estas "calumnias".

"Estamos atrapados en un bocadillo", confiesan diputados autonómicos socialistas para ilustrar hasta qué punto la política gallega ha derivado en un enfrentamiento entre el PP y el BNG, con el PSOE de espectador de un partido de tenis. Desde la llegada al poder de Fraga en 1989, los nacionalistas no han dejado de crecer al mismo ritmo que el PSOE se desangraba por sus disputas internas. En el Parlamento y en los conflictos sociales, el nacionalismo ha asumido un papel determinante como fuerza de choque contra el PP. En la propia dirección de los populares gallegos se admite que, de celebrarse hoy elecciones autonómicas, el BNG tendría expectativas razonables de arrebatar al PSOE, la segunda plaza. De ahí que no resulte extraño el fuego cruzado de Fraga y Vázquez contra los nacionalistas, a los que tratan de devolver a los postulados de hace una década, cuando coqueteaban con HB y se negaban a jurar la Constitución.

"Nadie puede negar la evolución del BNG en los últimos años", admite un miembro destacado del Gobierno gallego. "Nuestra intención no es arrinconarles, porque eso sería malo para todos. Pero tampoco se puede consentir que recurran a la agitación social. Lo que el presidente hizo fue dar un toque de atención. Decir 'hasta aquí hemos llegado".

Los populares aluden a diversos incidentes violentos para defender la tesis de Fraga de la "guerrilla urbana". Recuerdan las duras movilizaciones de los pescadores de O Morrazo -llegaron a secuestrar un barco de pasajeros-, en las que participaron dirigentes de la CIG. Mencionan la vinculación, confirmada por el ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, entre Jarrai y grupúsculos de jóvenes radicales gallegos (ajenos al BNG y apenas un centenar en toda Galicia, según la policía). O el reciente intento de asalto a la sede de la Xunta por parte de un grupo de mejilloneros que, sin embargo, según la CIG, habían sido convocados por la patronal.

Pero, sobre todo, Fraga y Vázquez se han aferrado a la negativa de los concejales del BNG en el Ayuntamiento de La Coruña a suscribir un comunicado del alcalde contra los atentados de ETA en Valencia porque, aunque decían "compartir su espíritu", no estaban de acuerdo con la redacción. "Nos tendieron una trampa y caímos en ella", afirma Beiras. En los últimos días, el BNG ha prodigado los gestos para desmentir la "campaña" de acusaciones. El pasado viernes, su dirección condenó el asesinato de un militar gallego en León, y al día siguiente los concejales de Vigo suscribieron otra declaración contra el terrorismo.

Beiras dice tener "constancia personal" de que la ejecutiva federal del PSOE no apoya en este asunto al alcalde coruñés. "Llevo muchos años en política'', dice, "y todo el mundo sabe que siempre he abogado por métodos pacíficos". El catedrático de Sociología Juan Luis Pintos tampoco cree que haya elementos que sustenten la tesis de una agitación social en Galicia. "Puede haber colectivos crispados", afirma, "pero es absurdo hablar de un estallido de violencia urbana. Esto no es el País Vasco. El rechazo a la violencia es casi unánime".