Roldán y sus delitos

LA JUEZ Ana Ferrer ha sentado a Luis Roldán en el banquillo de los acusados para responder de todos y cada uno de los delitos por los que abrió el procedimiento contra el ex director general de la Guardia Civil antes de su huida de España. Su vuelta 10 meses después bajo la pretensión de no se sabe qué condiciones de impunidad para los principales delitos no ha surtido efecto. Quienes entonces mantuvieron una crítica jurídica rayana en el ridículo sobre las circunstancias en las que Roldán fue traído a España, bien es cierto que preocupados más por zaherir al Gobierno que por los derechos del fugado, deberían hacer algún tipo de autocrítica por las tonterías que dijeron y los esfuerzos que desplegaron para convertir el gravísimo caso Roldán en el anecdótico caso Laos. No la hicieron cuando Roldán fue procesado por todos los delitos en julio último. Pero todavía están a tiempo de hacerla cuando va a ser juzgado por ellos.La conclusión del sumario iniciado por la juez Ana Ferrer en diciembre de 1993, forzosamente demorado durante el tiempo en que permaneció fugado su principal encartado, sitúa el caso Roldán en disposición de ser juzgado en pocas semanas. Será el momento en el que el director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 dé su versión ante la justicia y la sociedad entera sobre la fortuna que amasó a cuenta de fondos reservados y de comisiones ilegales durante el tiempo que permaneció en el cargo. Roldán ya sabe que será juzgado por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, estafa, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Hacienda pública. ¿Persistirá en seguir callado ante el tribunal que le juzgue como lo está hasta el momento con el pretexto de haber sido engañado -él sabrá por qué-por la forma en que fue traído a España?

Pero no sólo a Roldán se le acerca la hora de explicarse y explicar cómo se enriqueció al amparo de un cargo público tan honorable como el de director general de la Guardia Civil. Deberá hacerlo también toda la gavilla de encubridores y testaferros que le acompañaron en sus manejos con los fondos reservados y con la adjudicación de obras y servicios de la Guardia Civil. Entre ellos, y muy especialmente, su actual mujer, Blanca Rodríguez-Porto; el general del instituto armado Manuel Llaneras; el administrador de la sociedad instrumental Europe Capital, creada por Roldán para camuflar sus ganancias ilícitas, Jorge Esparza, y los directivos de aquellas empresas que encontraron natural engrasar la maquinaria oficial con sobres pasados bajo la mesa a Roldán y sus compinches para conseguir la concesión de obras.

No todas las empresas, sin embargo, se prestaron voluntariamente al sucio juego de dar comisiones a cambio de contratas. Las que construyeron la autovía de Leizarán entregaron a Roldán más de cien millones de pesetas por auténtica necesidad, angustiadas como estaban por las amenazas de ETA, y ante la promesa del entonces director general de la Guardia Civil de proporcionarles una protección que nunca les dio. Es lógico que los directivos de estas empresas hayan quedado fuera del sumario. Hubiera sido un despropósito, además de una descomunal injusticia, que los chantajeados se hubieran sentado junto al chantajista en el banquillo de los acusados.

Que Roldán y su trama respondan de sus fechorías es vital para la salud democrática de los españoles. Es la forma de recuperar de alguna manera un tiempo demasiado perdido entre escáncialos que no vieron o aparentaron no ver quienes estaban obligados a prevenirlos o a sancionarlos a los primeros indicios. Hay que felicitarse por ello de que la justicia, personificada por una juez responsable y diligente, haya sido capaz de llevar en un tiempo razonable ante los tribunales al protagonista de uno de los escándalos más bochornosos de la democracia española.