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Una asociación de automovilistas augura que el PP no cobrará más multas con la privatización

, Más caro e igual de ineficaz, pero más garantías para el ciudadano. La Asociación de Automovilistas Europeos (un organismo sin ánimo de lucro que agrupa a 11.000 conductores en España) augura que la privatización de la notificación y gestión de multas de tráfico aprobada ayer en el pleno del Ayuntamiento de Madrid aumentará la burocracia municipal y hará más cara la tramitación de las sanciones. El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, prevé aumentar la recaudación de 800 a 2.000 millones de pesetas. La diferencia (1.200 millones) será para pagar la gestión privada.

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El director general de la asociación de Automovilistas Europeos, Mario Arnaldo, considera muy positivo para los automovilistas que se pretenda notificar fehacientemente la multa, algo a lo que obliga la ley. "Hasta ahora muchos tenían conocimiento de la multa cuando llegaba la vía ejecutiva, el embargo, y entonces, para recurrir se tiene que pagar o presentar un aval", explica. "Si se notifica antes, el multado puede ejercer su derecho constitucional de defensa y alegar, y si el Ayuntamiento no contesta en plazo, la multa prescribe". Arnaldo cree que el hecho de que el Ayuntamiento no exigiese que quedase acreditada la notificación de la multa conducía al final a una indefensión provocada.Con la privatización de los servicios de informatización y notificación de multas, los empleados de la empresa que consiga el contrato acudirán a los domicilios a entregar el recibo de la infracción con un testigo.

Amaldo afirma que el 80% de las sanciones que se ponen en Madrid son ilegales porque se castiga al propietario del coche y no al conductor. La asociación recurre 15.000 multas al año, de las que, según Arnaldo, se ganan un 74%.

"No garantizamos resultados, sólo la asistencia jurídica del automovilista asociado", recalca. "Nunca se para en la M-30 a los que cometen un exceso de velocidad", ejemplifica. "Hay que formular menos denuncias y seleccionar con un sistema de prioridades. No es lógico que uno de cada dos conductores tenga una multa en Madrid porque entonces el infractor no es la excepción, sino la regla. Eso quiere decir, que algo no funciona".

Tanto IU como el PSOE votaron en contra de la privatización. Gerardo del Val (IU) argumentó -una vez sentada, su defensa a ultranza de lo público- que el pliego de condiciones es ambiguo y con un régimen sancionador muy laxo. En el banco de al lado, el socialista Enrique Tierno Pérez Relaño, calificó las condiciones de poco serias y afirmó que a la empresa privada que gane el concurso "le va a tocar el gordo".

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