Pugna de togas

Justicia estricta, injusticia manifiesta. Sumus ius, suma iniuria. Con esta cita latina, los abogados madrileños caracterizan un problema que afecta a su colegio profesional. No es asunto grave, aunque les hiere. Desean recobrar espacio colegial en el Palacio de Justicia. De allí fueron desalojados por el Tribunal Supremo. Los jueces ocuparon su terreno. Pero los abogados perseveran. Quieren permanecer presentes en el corazón de la justicia madrileña como lo estuvieron siempre. Si las Salesas son un mercado, los abogados quieren reabrir allí sus puestos. No es un pleito en el que pugnen codo con codo junto a los jueces por la justicia. Más bien pelean contra los magistrados por arañarles un territorio en disputa. Las armas esgrimidas son, sólo, palabras.El Colegio de Abogados de Madrid cumplirá cuatro siglos el próximo mes de julio. Es una de las instituciones de mayor solera y raigambre de cuantas cimentan la sociedad civil madrileña. Agrupa a,24.000 abogados ejercientes y a 12.000 no ejercientes. Cuenta con 130 empleados. Participa de todas las actividades culturales e institucionales de la ciudad, a la que se halla muy vinculado.

Dentro del soberbio Palacio de Justicia, las Salesas, entre las calles de Génova, Marqués de la Ensenada y Bárbara de Braganza, el Colegio de Abogados tuvo años atrás casi un tercio de los 27.000 metros cuadrados de su espacio total. En conjunto, el equivalente a 100 pisos de 100 metros cuadrados de superficie hábil.

A partir de la desamortización de bienes de la Iglesia, en 1835, jueces y abogados habían convivido allí en buena compaña. Pero aquellas holgadas dimensiones de las que el Colegio gozaba se vieron reducidas por precepto legal. Una disposición adicional de la Ley de Presupuestos de 1092 así lo estableció. Incluía un plan para recuperar espacios judiciales de los palacios de justicia de las ciudades españolas. Algunos juzgados se asfixiaban. Los abogados salieron. Se instalaron en algunas plantas de un edificio de Serrano, 9.

Con el traslado, el Colegio madrileño, cuenta hoy con su expresión mínima en las, Salesas: un despacho, un antedespacho y una sala de: togas. Algo así como 200 metros cuadrados de superficie. Eso es todo lo que le queda al Colegio en el fastuoso caserón. El palacio permanece hoy casi en exclusiva a disposición del Tribunal Supremo.

Pero no parece ser tanto un problema de magnitudes cuanto de presencia, de símbolos, y añoranzas. Un aluvión dé re cuerdos profesionales, como la exposición. de los cadáveres de los abogados comunistas asesinados por ultras en la calle de Atocha olas asambleas corporativas que coadyuvaron tanto a la transición democrática, han perdido hoy el escenario histórico, sobre el que se desplegaron.

Aunque se atienen a la norma, los letrados creen que el desenlace derivado de su aplicación no es justo. El Colegio les merece una presencia mayor en el corazón de la justicia madrileña. Por eso pugnan. Es lo suyo.

Lo malo es que enfrente no tienen litigantes cualesquiera; tienen, ni más ni menos, que a los jueces del Tribunal Supremo. El pleito está, servido. Pero con todos los papeles cambiados: los abogados habrán de ser clientes de sí mismos, para bien defenderse. Los jueces son -por su parte-, parte concernida. Justicia se muestra cautelosa. Todo un embrollo.

"Ya ve, un buen símbolo de los tiempos, los jueces prevalecen", comenta Martín García, secretario del decanato. "El salón de la Purísima, con su suelo acristalado donde los letrados, dialogaban, acordaban, pactaban... El salón de actos, magnífico, la biblioteca. Todo está hoy vacío", musita con nostalgia. El mismo ánimo se observa en el rostro del conserje de la exigua y residual sala de togas, Antonio Fernández. Los jueces callan y remiten al Ministerio de Justicia. "Dado el enorme crecimiento de la organización judicial en los últimos años", comenta José Luis Gisbert, alicantino de 41 años, director general de Infraestructuras del Ministerio de Justicia, "era imposible la coexistencia. Sin embargo", reconoce, "en todos los territorios judiciales de Madrid y de la Comunidad existen espacios destinados a cometidos de la defensa, tanto en los juzgados como en las audiencias. Pero sólo los imprescindibles para impartir justicia; nada de servicios corporativos", comenta.

Luis Martí Mingarro, de 58 años, decano de los abogados desde 1992, no pierde la esperanza. "Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo", dice. Justicia y el Supremo siguen dialogando con los abogados. Estos parecen dispuestos a derrochar su mejor elocuencia para persuadir a los jueces, -a algunos directivos colegiales también- y romper el rigor justiciero de la norma que impugnan.