Un tribunal frena la privatización de los ferrocarriles británicos

Los consumidores británicos están de suerte. En medio del caos que ha presidido el proceso de privatización de las diferentes líneas ferroviarias del país, el Tribunal de Apelación de Londres arrojó ayer un nuevo jarro de agua fría sobre las esperanzas del Gobierno de acabar con el complicado proceso antes de la próxima primavera. Tres jueces declararon ilegales los servicios de pasajeros establecidos por el Gobierno para las compañías que se decidan a explotar el ferrocarril. Los nuevos dueños, según la sentencia, tendrán que mantener los niveles mínimos que ahora ofrece British Railways.La sentencia respondía a una demanda de la organización de consumidores, Save Our Railways (Salvar nuestros ferrocarriles), que consideraba lesivas las concesiones a las empresas hechas por el organismo encargado de conceder las franquicias de las líneas ferroviarias.

De acuerdo con la demanda, Roger Salmon, director de Franquicias, había rebajado considerablemente la frecuencia de los servicios que pasarán de British Railways a diferentes compañías privadas. Sin embargo, un problema técnico -no haber presentado a tiempo la demanda- ha impedido a los consumidores alzarse totalmente con el éxito. Las franquicias de las tres primeras líneas serán otorgadas en breve, ya que la decisión judicial no las afecta. En cambio, la sentencia obliga al Ministerio de Transporte a reconsiderar los esquemas de venta y a atenerse a lo dispuesto en 1993 por el anterior responsable del Departamento, John MacGregor: preservar los derechos de los ciudadanos a seguir disfrutando del mismo tipo de servicios aunque la compañía que los suministre haya pasado a manos privadas.