Desestimados los recursos de Aragón Urralburu sobre su prisión

El juez Juan Manuel Fernández, titular del Juzgado número 1de Instrucción de Pamplona, desestimó ayer los recursos interpuestos por el abogado de Gabriel Urralburu y Antonio Aragón contra las órdenes de prisión provisional bajo fianza de 100 millones dictadas el 1de diciembre. Tras el rechazo de los recursos, deberá ser la Audiencia Provincial la que se pronuncie, lo que, según fuentes judiciales, llevará al menos un mes. Urralburu y Aragón permanecen en la prisión de Logroño.Por otro lado, el ex jefe de la Jefatura de Policía de Pamplona entre 1984 y 1994, Antonio Pascual, cobró 14 millones del Ministerio del Interior a través de una cuenta abierta ilegalmente a nombre de la Delegación del Gobierno en Navarra en la oficina del Banco de España en Pamplona.

Según una información publicada ayer por Diario de Navarra, Pascual, imputado en la investigación de la trama Navarra del caso GAL y actualmente destinado en la comisaría de policía de Irún (Guipúzcoa), percibió entre los años 1987 y 1989 cuantías mensuales de 400. 000 pesetas procedentes de los fondos reservados y que, según ha declarado el propio Pascual, él los destinaba "a pagar a confidentes".

Los cobros comenzaron una vez que Luis Roldán cesó como delegado del Gobierno y tomó posesión como director de la Guardia Civil. La cuenta, que tenía el número 25.001769-9, fue cancelada cuando el departamento de Gestión Económica de Interior pidió información, en mayo de 1992, sobre su irregular existencia. El entonces delegado del Gobierno en Navarra, Jesús García Villoslada, contestó afirmando que había servido "para determinados fondos reservados relacionados con la seguridad".

La entonces habilitada de la Delegación del Gobierno, la funcionaria María José Rubio, era la encargada de acudir al Banco de España y cobrar ese dinero con un cheque que entregaba a Pascual. Esos cheques tenían que estar firmados además por el secretario general de la delegación, Mariano Berduque, o por el mismo delegado.