Ajustar las cuentas

El paso de 13 años ha hecho mella en el Tribunal de Cuentas. Si por un lado el tiempo trascurrido desde su creación ha servido para que reduzca el desfase entre la terminación de sus informes de fiscalización y la fecha de las cuentas fiscalizadas, de otro lado han quedado al descubierto sus carencias: ni puede cotejar la contabilidad de los partidos políticos con la de las empresas privadas que les prestan servicios, ni puede imponer sanciones por irregularidades comprobadas, ni está en su mano control alguno de los fondos reservados, por ejemplo.La evolución política, con el ascenso electoral del PP y el debilitamiento del PSOE, ha dejado también huella de su impacto: los seis consejeros elegidos en Parlamento a propuesta del PSOE han ido aumentando su autonomía de decisión, reflejada en el diferente sentido del voto sobre una misma cuestión y el diferente alineamiento de algunos según el asunto tratado.

La presidenta del tribunal, Milagros García Crespo, parece haber optado por una pacificación de la convivencia con los consejeros elegidos a propuesta del PP, aunque el precio sea transigir más con su aspiración de tener más dominio. El PP podría avanzar, además, en esa aspiración si consigue demorar unos meses el nombramiento del nuevo secretario general.

Los populares, en caso de ganar las próximas elecciones tendrán en su mano la posibilidad de alzarse con la mayoría en el pleno, ya que el fiscal es designado a propuesta de la Fiscalía General del Estado. En este momento, seis de los consejeros lo son a propuesta del PSOE, cinco de la lista elaborada por el PP y otro fue elegido de forma conjunta. Si éste sumara su voto al de los populares y el futuro fiscal fuera afín a un gobierno. del PP, este partido contaría con la mayoría aunque precaria inestable.

La actual composición del tribunal perdurará, salvo dimisiones o fallecimientos -el anterior presidente, Adolfo Carretero murió hace ahora un año- hasta diciembre del año 2000. Entonces, corresponderá al Congreso seleccionar a seis consejeros y al Senado otros tantos.

Los candidatos necesitan el respaldo de los tres quintos de los votos, en cada Cámara, para resultar elegidos. La actual presidencia y comisión de gobierno -formada por la presidenta, Milagros García Crespo, y los responsables de las secciones de fiscalización, Ubaldo Nieto de Alba, y de enjuiciamiento, Miguel Álvarez Bonáld- terminarán su mandato, de tres años, en 1997.

En estemomento, la fiscalización más importante que está llevando a cabo, con retraso, el Tribunal de Cuentas es la referida a la Expo 92. Otras investigaciones están relacionadas con la póliza contratada por TVE para hacer frente a posibles responsabilidades civiles de sus actuales directivos; el Instituto Nacional de Empleo y su financiación por la tesorería de la Seguridad Social y los gastos e ingresos de los partidos parlamentarios en 1990. En la fiscalización de la Cuenta del Estado, el tribunal ha ido acortando el retraso y en estos momentos está examinando la de 1993. Según altos expertos, el desfase mínimo que existirá en el mejor de los casos rondará el año y medio.

La creación de organismos semejantes en numerosas comunidades autónomas -Galicia, Euskadi, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía y CastillaLa Mancha- ha ido reduciendo de hecho la fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre materias transferidas a esas administraciones, aunque conserve plena competencia para investigar.

Cada una de las fiscalizaciones se ajusta a un programa de trabajo, a un calendario y al equipo de expertos que determina cada consejero en los asuntos de su competencia. Todo ello es sometido a la aprobación del pleno.

Una vez redactado el borrador del informe, es enviado a la entidad fiscalizada para que presente sus alegaciones. El consejero incorpora las que considera aceptables, y traslada el resultado al fiscal y al abogado del Estado, y después a los demás consejeros. El pleno del tribunal es la instancia decisoria.