Borrel aprobará un calendario de licitaciones masivas cuando se retoque la Ley de Contratos

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente tiene tomada la decisión de emprender un calendario de licitaciones masivas en cuanto se aprueben los retoques previstos en la Ley de Contratos, que se aprobarán en el plazo máximo de un mes. El programa, que estará detallado mes a mes, pretende recuperar los casi 400.000 millones de pesetas que se van a quedar sin licitar este año como consecuencia de la aplicación de la polémica ley, al margen de dar salida a los correspondientes a los primeros meses de 1996. El titular de Obras Públicas, José Borrell, comunicará estos planes a las empresas constructoras en una reunión que tendrá lugar de manera inmediata.

La iniciativa del equipo de Borrell responde a la constatación de que el frenazo de la licitación de obras públicas está comenzando a provocar serios problemas en el sector de la construcción.El plan para aliviar esta situación consiste en impulsar un calendario de licitaciones masivas en cuanto se salven las trabas que impone la Ley de Contratos. Los cálculos de la Administración apuntan a que en el semestre que prácticamente se perderá de licitaciones, se habrán congelado obras por valor de 400.000 millones. Esa cantidad, más la prevista para los primeros meses de 1996, será la que se reparta en los meses que dure esa masiva licitación. En total, unos 600.000 millones.

Una cantidad que se puede cubrir, señalan en Obras Públicas, puesto que la cartera de pedidos a 30 de septiembre de este año ascendía a 883.000 millones de pesetas, frente a los 695.000 millones de un año antes. En el periodo enero-noviembre, se, han formalizado contratos por valor de 330.000 millones de pesetas, 18.000 más que en el mismo periodo de 1994. Además, aún están pendientes de adjudicación definitiva otros 160.000 millones.

La idea del ministerio es detallar lo más exactamente posible, y mes a mes, la cantidad de licitaciones a efectuar. Estas cifras y este esquema de funcionamiento es lo que Borrell tiene previsto exponer a los empresarios en el encuentro que van a mantener en los próximos días.

Sin embargo, todo este esquema está pendiente de dos premisas: el desarrollo definitivo de los pliegos para contratar y la modificación del artículo 129 de la Ley de Contratos. El primer aspecto está prácticamente finalizado, puesto que ya hay ultimados 80 de los 100 pliegos necesarios.

El segundo está a expensas del resultado de las negociaciones que PSOE, PP e IU desarrollan para cambiar varios artículos de la Ley de Contratos. Fuentes parlamentarias aseguran que el consenso es pleno para reformar el artículo 129. Éste impide, con su actual redacción, licitar una obra hasta que no estén expropiados todos los terrenos a los que afecta. Ello supone un notable retraso para obras viarias.

Cubiertos estos dos objetivos, el camino estaría franco para iniciar el calendario de licitaciones masivas a principios de año, puesto que la reforma de la ley se haría aprovechando un decreto ley sobre la sequía que está a punto de entrar en el Senado. De hecho, las enmiendas a este texto se deben presentar antes de mañana para, inmediatamente, ser vistas en el pleno del Senado y pasar al Congreso para su ratificación.

Entre las enmiendas previstas, la que está provocando un mayor debate es la que modifica el artículo 20, que prohibe contratar con la Administración a empresarios con directivos acusados, procesados o sentenciados por delitos relacionados con corrupción. Aquí el acuerdo político parece firme para limitar esa prohibición a empresarios sentenciados.

Sin embargo, el consenso no está tan claro en otras dos posibles modificaciones: que la ley no tenga efectos retroactivos y que la dimisión del directivo sentenciado exonere a la empresa de la prohibición de contratar. Ambos aspectos han sido defindidos por la patronal CEOE.

No obstante, los partidos tienen bastantes salvedades, aunque la que más les preocupa es que la exoneración por la vía de la dimisión sea una vía de escape para conductas fraudulentas. "Se podría crear una especie de director general de cohechos que cargara con todas la culpas y dejara sin efecto el objetivo de lucha contra la corrupción que persigue esta ley", señalan fuentes inmersas en las negociaciones para la reforma de la Ley de Contratos.