El coronel implicado en las escuchas de Barcelona acusa al Cesid de falsificar un documento oficial

El coronel Fernando Rodríguez, Romeo, antiguo mando del Cesid implicado en la red de luchas ilegales instalada en La Vanguardia, imputó ayer al servicio secreto un delito de falsificación de documento oficial, al asegurar que la firma que figura en un certificado aportado a la causa no es la suya. El ex director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano, que declaró como testigo en el juicioque se celebra en Barcelona, consideró "remotísima" e inaceptable la posibilidad de que sea falso el documento en el que el coronel negó haberse llevado informes del Cesid, aunque no estuvo presente en la firma.

La defensa del coronel, a quien el fiscal acusa de haber sustraído 16 informes del Cesid, intentó ayer demostrar la falsedad del documento que Romeo firmó al marcharse del centro, en el que aseguraba no guardar en su poder información clasificada. Después de que el acusado se negase a reconocer como suya la firma que aparece al pie del certificado, el abogado cuestionó también la rúbrica del responsable de seguridad del Cesid.En uno de los momentos más surrealistas de la sesión, el letrado, tras un acalorado debate con el fiscal, fue autorizado, por el presidente del tribunal a leer las siglas correspondientes a los nombres de los jefes de seguridad del Cesid, con el argumento de que así no ponía al descubierto su identidad y Manglano podría confirmarle que ninguno tiene el apellido que figura en el documento. Manglano, que había asistido en silencio a la disputa jurídica, zanjó el asunto alegando que el deber de secreto le impedía contestar.

Fue la única ocasión, sin embargo, en que Manglano se negó a responder. Con un aplomo sorprendente a sus 69 años, el ex director del Cesid explicó que a finales de 1991 se entrevistó con el editor de La Vanguardia, Javier Godó, quien le transmitió "cierto desasosiego" por las amenazas que había recibido.

Para que le ayudase a mejorar su seguridad, Manglano designó al coronel Rodríguez quien, durante 1992, mantuvo contactos con el editor y transmitió al Cesid "comentarios, no especialmente significativos", sobre el cambio de accionariado en Antena 3. Manglano admitió que los conflictos entre socios de un medio de comunicación son "absolutamente ajenos" al cometido del centro, pero argumentó que, "de vez en cuando, nos llegan noticias sobre temas que no nos afectan y, si son de interés, las contrastamos y las pasamos a la autoridad competente".

Manglano fue precedido por el coronel Julio Leal Monedero, recientemente nombrado jefe de la división de Interior del Cesid., a quien se encomendó en 1989 la "tutela" de Miguel Ruiz, El Lobo, antiguo infiltrado en ETA. Leal admitió que su tutelado le pasaba esporádicamente información, pero siempre sobre temas de terrorismo. Negó, en contra de lo que asegura un informe policial, que interviniera ante el juez para conseguir la libertad de Manuel María Sánchez, un ex guardia civil adscrito al Cesid y miembro de la red de El Lobo.

Leal sólo reconoció que, "a través de personas interpuestas", contactó con una agencia de detectives, ante el temor de que implicasen a Miguel Ruiz en una extorsión y se desvelara su verdadera identidad. Óscar Perreau, directivo de Hilaturas Gossypium, explicó luego que en 1993 se reunió con Manuel María, quien le pidió 100 millones de pesetas, que acabó reduciendo a 10, para evitar que se publicase información comprometedora.

Una trama con "pinchadiscos"

Por su parte, el coronel Rodríguez, para quien el fiscal pide 13 años de cárcel, intentó desmarcarse de la red de El Lobo, hasta el punto de asegurar, en contra de lo manifestado por Manglano y el propio Godó, que no tenía competencia alguna sobre la seguridad de La Vanguardia.

Romeo atribuyó su detención a un compló y aseguró que el jefe de información de Barcelona, José Río, le dijo que se pretendía "destituir a Serra de vicepresidente y a Manglano de director del Cesid, para que [Rafael] Vera dirigiera todos los servicios de información unificados".

El coronel se negó a reconocer el material hallado en el registro de su despacho, aunque él mismo abrió la caja fuerte donde estaban los informes robados al Cesid y las cintas de las escuchas.

Cuando el fiscal le mostró un manuscrito suyo en el que figuran los miembros de la red, sus cometidos y retribuciones, en dinero tanto "blanco" como "negro", dijo que se trataba de "notas inconexa? cuyo sentido no podía recordar, aunque aventuró que parecían relacionadas con una película y que la abreviatura pincha, junto al nombre de un experto en telefonía, podría significar "pinchadiscos".

Por la tarde, el comisario general de Policía Judicial, Enrique de Federico, anterior jefe superior de Barcelona, declaró que el 15 de noviembre de 1993, cuando se registró La Vanguardia, comunicó personalmente a Godó su sospecha de que era víctima de escuchas y coacciones por su equipo de seguridad.