Tribuna:Tribuna
i

Agua

Seguramente el lector aún recuerda la composición del agua: dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ambos son elementos comunes, ya que el primero participa en más sustancias que ningún otro, y el segundo, que representa el 89% de su peso, es el componente más abundante de la Tierra. Con estos datos y la evidencia visual de que el agua caracteriza la Tierra desde el espacio cubriendo sus tres cuartas partes, un hipotético viajero extraterrestre se sorprendería al descubrir que un líquido tan corriente sea considerado en nuestro planeta como causa potencial de futuras guerras.Lo cierto es que aun en un país seco como el nuestro el agua es relativamente abundante, como lo prueba el hecho de ser el país europeo con más consumo por habitante o que en España sólo se hable mucho de agua cuando no llueve; en esas circunstancias, es decir, cuando santa Bárbara no truena, adquiere extraordinario protagonismo en las conversaciones, en los medios de comunicación y en las prioridades de nuestros políticos.

Si se analiza la labor más significativa de nuestros legisladores, como la Ley de Aguas de 1985, lo realmente asombroso de que siga saliendo por nuestros grifos. En efecto, la receta más segura para que falte un bien de primera necesidad es declararlo gratuito, como hace la citada ley, siguiendo un largo precedente. Imaginemos, por ejemplo, lo que pasaría si al Gobierno se le ocurriera declarar la gratuidad de la electricidad, la gasolina y los alimentos básicos: su consumo y malversación se incrementarían de tal modo que en cuestión de pocos meses las restricciones y las colas anticiparían el colapso de nuestra economía.

Cabe objetar, con razón, que para los habitantes de las ciudades el recibo del agua ha subido mucho en los últimos años, situándose hoy en tomo a las 100 pesetas por metro cúbico; en efecto, al permitir la ley cargar los gastos que ocasiona su distribución y tratamiento, el agua de consumo doméstico es relativa mente cara. Pero, como es notorio, la mayoría del consumo no es urbano, ni siquiera industrial, sino agrícola: los regadíos españoles representan más del 80% del gasto total de agua de nuestro país. Para damos cuenta de lo que esto significa, basta considerar que equivale al consumo urbano de 250 millones de europeos, es decir, al conjunto de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. La explicación es, evidenternente, que España riega 3,5 millones de hectáreas al tener un clima árido gran parte de su territorio. Pero también, es cierto que, como el agua de riego para uso agrícola procedente de la red de embalses y canales del Estado soporta un recargo mínimo en concepto de distribución y tratamiento, resulta prácticamente gratuita.

Es claro, por tanto, que los agricultores españoles, excepto para cultivos especialmente rentables en zonas de baja precipitación -como es el caso de nuestro sureste- o para la mejor utilización de aguas privadas, tienen pocas razones para invertir en técnicas modernas de riego, cuyas versiones más avanzadas, como el goteo subterráneo y su automatización en base a sensores electrónicos, llegan a reducir el consumo más de un 50% sobre el de un regadío tradicional. Por idéntica razón siguen perviviendo sistemas obsoletos de distrebución y, aun existiendo sobrexplotación en determinados acuíferos, la mayoría siguen infrautilizados o inexplotados.

Como ocurre siempre que situamos un bien fuera del mercado, se producen en este caso toda suerte de distorsiones y despropósitos: hoy se riegan, por ejemplo, centenares de miles de hectáreas de maíz, cuyo cultivo en regadío consume en tomo a 40 litros de agua por peseta obtenida, y aún está prohibido el de la viña, que, precisa la décima parte. Cuando, tras haber situado nuestra viticultura en una situación de inferioridad frente a nuestros competidores, se propone eliminar tal prohibición, se escuchan voces que quieren aplicarla a los campos de golf, unas infraestructuras vitales para el turismo de calidad, que genera, al menos, 40 veces más ingresos (y empleo) por metro cúbico que el maíz y que representan actualmente menos del uno por mil del consumo de agua de riego, o sea, lo que una maceta de geranios respecto del gasto de agua en una vivienda unifamiliar con piscina y jardín. Mientras regamos enormes superficies de cultivos industriales que no precisan riego en la mayor parte del mundo y que tienen costes de adquisición y transporte decrecientes, dejamos morir de sed nuestros olivares, un patrimonio insustituible para el que se necesita un clina mediterráneo seco que sólo posee menos del 1% del planeta.

Para valorar lo que significaría la utilización a gran escala de la tecnología actual de riego, basta considerar que su aplicación a la mitad menos eficiente de los regadíos españoles, una inversión que podría cifrarse en torno al billón de pesetas -es decir, lo mismo que ha costado este año la sequía-, resultan en una reducción del 15% del consumo de agua de riego, equivalente al gasto doméstico dé todos los españoles. Teniendo en cuenta que nuestra población no crece, el gigantesco volumen ahorrado (unos 4.500 hectómetros cúbicos anuales) podría repartirse al 50% entre unas reservas estratégicas, fines ecológicos (cauces fluviales, zonas húmedas, etcétera), el riego de, por ejemplo, un millón de hectáreas de viñedo y olivar y todos los campos de golf que sea rentable construir respetando criterios de desarrollo sostenible. Todo ello contribuiría a reforzar nuestro liderazgo en la producción de dos ingredientes esenciales de la dieta mediterránea (que será probablemente el modelo de alimentación del siglo XXI), en la preservación de la naturaleza y en el sector turístico.

La primera condición para que todo ello ocurra es que el Estado establezca una red hidráulica que conecte entre sí los sistemas existentes de almacenamiento y distribución de agua, similar a la red eléctrica que une las centrales generadoras de energía. La segunda es crear un mercado nacional secundario de agua (los que existen actualmente son locales y fragmentarios) para que a los titulares de las concesiones actuales les resulte rentable ahorrar agua y transferírsela a otro; por ejemplo, un cultivador de maíz ganaría más dinero vendiendo los 8.000 metros cúbicos que gasta cada hectárea en el mercado que cultivándolo, si el precio del agua alcanzara en origen tan sólo el 5% de su coste en las ciudades. Los Gobiernos regionales o las comunidades de regantes podrían invertir en sistemas de riego y fomentar cultivos de bajo consumo, financiándose con la venta del volumen ahorrado a colectivos deficitarios.

Cumplidas estas dos condiciones, debería estimularse la creación de empresas privadas de intermediación y transporte, cuyo negocio consistiría en hacer Regar el agua a quienes estén dispuestos a pagar su precio: los trasvases dentro de una región o interregionales dejarían de ser conflictivos, convirtiéndose en transacciones beneficiosas para las partes, como lo son los de energía eléctrica, y generarían importantes impuestos a favor del listado que permitirían amortizar las inversiones en la red hidráulica. El precio del agua aumentaría en las épocas de menor oferta -es decir, de sequía-, favoreciendo automáticamente su ahorro y la puesta en marcha de fuentes alternativas como las perforaciones profundas o las desaladoras, cuyos costes son ya viables para usos urbanos en zonas costeras. En definitiva, un sistema de mercado, favorecido por infraestructuras adecuadas, conduciría a la asignación más racional de nuestros recursos hidráulicos y resolvería los problemas que el sistema actual, consistente en aumentar la oferta de agua gratuita a costa del erario público, no solventará jamás.

Desgraciadamente, algunos creen aún, contra toda evidencia, que, tratándose de un bien de primera necesidad, es mejor transferir al Estado la solución de todos los problemas relativos al agua. El Plan Hidrológico o el reciente de Regadíos se enmarcan en esta visión estatista, que plantea inversiones billonarias sin definir un retorno adecuado que permita su financiación en los mercados de capitales. Se espera casi todo de las subvenciones de Bruselas, que, si llegan, deberían sólo servir para temas puntuales (desaladoras) o para mejorar la rentabilidad de tales planes. Sin embargo, lo razonable es que inversiones tan importantes, si responden adecuadamente a la demanda de un bien esencial, sean viables per se. Por su parte, la sociedad española es hoy suficientemente, madura para comprender que el asunto del agua, entre otros, es demasiado serio para dejarlo sólo en manos del Estado.

Carlos Falcó es ingeniero agrónomo y viticultor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 23 de noviembre de 1995.

Archivado En:

Te puede interesar

Lo más visto en...

Top 50