Hacienda abre un acta provisional al Santander por retenciones no hechas en cesiones de crédito

Hacienda ha levantado un acta provisional al Banco Santander por una cantidad en tomo a los 7.000 millones de pesetas -"inferior", según otras fuentes-, que responde a las retenciones no practicadas en las cesiones de crédito. Con ello se da un paso decisivo en la resolución de un caso que lleva en la Audiencia Nacional desde el año 1992. El juez encargado del asunto, Miguel Moreiras, ha permitido desgajar el proceso al constatar que en los años en que se vendió este producto (1987 a 1989) no ingresar retenciones en Hacienda no constituía delito fiscal.

La decisión de Hacienda, adoptada el pasado mes de julio, consiste en un acta provisional. A ella, la entidad presentó alegaciones y ahora está pendiente de elevarse a definitiva por la Oficina Técnica de la Inspección. En ese momento, el Banco Santander podrá firmar el acta en conformidad y pagar la cantidad requerida -entomo a los 7.000 millones de pesetas, según fuentes de Hacienda, una cifra inferior según otras fuentes- o en, disconformidad. En este caso, el paso siguiente sería un recurso por vía administrativa. Un portavoz del Santander manifestó ayer: "No sabemos qué hará Hacienda, porque el banco no ha recibido liquidación alguna. Como en todas las inspecciones fiscales, cuando lleguen las actas las analizarán los servicios técnicos y se hará lo que se ha hecho siempre: ingresar lo que se crea conforme a derecho y recurrir las - actuaciones que se consíderen no conformes".Este episodio es sólo una parte del proceso abierto contra la entidad financiera, pero es el que deja el camino más abierto para la, resolución del caso. Está, además, la decisión que el juez Moreiras pueda adoptar sobre, la presunta utilización de nombres falsos por parte de la entidad para colocar- el producto. En cuanto a los titulares de las cesiones , está pendiente de determinarse si el origen del dinero era o no negro. En este caso, se trataría de incrementos no justificados de patrimonio por los que los titulares de estos productos deberían tributar, si así se demuestra.

Ahora bien, la mayor parte de los titulares de estos productos -102 clientes del Santander con más de 15 millones de pesetas defraudadas a Hacienda, en total, unos 30.0100 millones de pesetas- han regularizado su situación. Es decir, han presentado una declaración complementaria y han pagado lo adeudado con el correspondiente recargo. De esta, forma, será difícil que prospere toda la parte penal del proceso, ya que, como sostiene la entidad, si se ha regularizado no hay delito y por tanto, no hay coautor, en este caso el Banco Santander.

Lo único que tiene, pues, visos de prosperar, es la exigencia de retenciones por parte de Hacienda. Las cesiones de crédito eran, en opinión del Ministerio, un producto financiero y como tal debió estar sujeto a una retención del 25%. El. problema con que se encontró Hacienda al ver que el juez Moreiras no daba pasos en la resolución del caso es que tampoco iba a poder cobrar las deudas por retenciones no efectuadas. Por ello, solicitó. al juez Moreiras la pasada primavera. su "consentimiento" para desgajar del proceso la parte de las retenciones y así proceder a exigirlas por la vía administrativa. En los años en que se comercializó el producto, de 1987 a 1989, no practicar, y por tanto no ingresar retenciones no estaba contemplado como delito fiscal. Hacienda había intentado en algunos procesos que esta práctica fuera considerada delito de apropiación indebida y los tribunales se lo habían echado abajo sistemáticamente. La nueva regulación del delito fiscal de junio de este año si que recoge sin embargo este aspecto como uno de los constitutivos de delito fiscal.

Este caso se destapó en 1992 a raíz de un informe del director general de la inspección de Hacienda al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, que lo puso en conocimiento de Moreiras. El informe se refería a unas 40.000 operaciones de cesión de créditos realizadas a través del Banco Santander entre 1987 y 1989 y en las que en muchos casos se habían utilizado a personas interpuestas.

Después de que declarase la dirección del Santander, incluido su presidente, Emilio Botín, Moreiras fijó una fianza a la entidad como responsable civil subsidiario de 8.000 millones, que luego rebajó a 3.500 millones y luego dejó sin efecto. La razón de la cancelación fue que se acreditó que una parte significativa de los titulares de las cesiones había regularizado su situación fiscal y que existía la certeza. de que el banco no iba a eludir responsabilidades.