Hacia una directiva europea sobre protección de datos

Los directores de las agencias europeas de protección de datos personales, entre ellos el español Juan José Martín-Casallo, se reunirán mañana en Bruselas para iniciar la discusión en torno a la directiva aprobada en julio por la Unión Europea.El objeto de la directiva sobre datos personales, uno de los primeros frutos de la presidencia comunitaria española, es homogeneneizar los sistemas de protección vigentes en los 15 países de la UE para evitar que su disparidad sea un obstáculo al mercado único. La directiva es de obligado cumplimiento para todos los socios europeos, pero no de aplicación directa: hace falta aprobar una norma de trasposición al derecho interno, para lo que se da un plazo de tres años. El director de la agencia espera tener en julio de1996 un primer informe sobre las consecuencias de la directiva europea para la legislación nacional.

"En primer lugar", explica Martín-Casallo, "la directiva no distingue los ficheros públicos de los privados, como hace la ley española, que habrá que adaptar para otorgarles el mismo tratamiento". El artículo 19 de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales (LORTAD) permite autorizar, por orden ministerial, la cesión de datos entre distintos ficheros de la Administración, lo que no ocurre con los ficheros privados. Este artículo, que la directiva europea obliga a cambiar, fue recurrido en febrero de 1.993 ante el Constitucional por el Defensor del Pueblo y el PP.

"En segundo lugar" prosigue Martín-Casallo, "la directiva cita, entre los datos personales que deben ser protegidos, el sonido y la imagen propia, aludiendo expresamente a la vigilancia por videocámara. Finalmente, la directiva regula no sólo los ficheros de datos automatizados, sino también los manuales, siempre que se trate de un archivo estructurado, aunque para los primeros da un plazo de adaptación de tres años y para los segundos lo alarga hasta 12".

El director de la agencia admite que bastaría con aprobar una ley de trasposición de la directiva europea, que reformara parcialmente la LORTAD, pero añade: "Personalmente, soy partidario de que se elabore una ley completamente nueva, para incorporar no sólo lo que nos exige la directiva, sino también la experiencia que ya tenemos en el rodaje de la ley y lo que resulte de la sentencia del Tribunal Constitucional, que previsiblemente se producirá antes de que se agoten los tres años que nos ha dado de plazo la Unión Europea".

Además de los recursos del Defensor del Pueblo y del PP, están pendientes los del Gobierno y el Parlamento Catalán, que acusan a la LORTAD de invadir sus competencias.

Martín-Casallo apuesta por una ley marco que sirva de paraguas a un conjunto de leyes específicas, para regular el tratamiento de los datos personales en sectores tan sensibles como sanidad, policía, telecomunicaciones, banca y seguros, marketing directo, medios de comunicación o solvencia.

Por su parte, Rafael Fernández Calvo, responsable de la Comisión de Libertades e Informática, opina que "ya no hay ningún pretexto para que el Constitucional no dicte sentencia" y que "la directiva es una oportunidad de oro para subsanar las deficiencias de la LORTAD". Entre otros aspectos, subraya que la norma europea incluye la afiliación sindical entre los datos personales de especial protección, lo que no hace la ley española, y que, frente a la ambigüedad de la LORTAD, la directiva es precisa al detallar las excepciones a la prohibición general de recabar y almacenar datos sensibles.