El tribunal de la colza rechaza la solicitud de prescripción de los supuestos delitos de los ex cargos

Los supuestos delitos no se pueden considerar de antemano prescritos. Así lo ha entendido el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga en Madrid a cinco ex cargos de la Administración y dos ex concejales por su presunta responsabilidad en la tragedia de la colza. Ayer, en la tercera sesión, los abogados de las víctimas solicitaron la práctica de nuevas pruebas documentales y testimoniales, entre éstas las comparecencias de Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente del Gobierno (UCD) en 1981, y Carmen Salanueva, que encabezó la Comisión Nacional sobre el Síndrome Tóxico. En medios jurídicos se interpreta esta Petición como un intento de convertir la vista, en la que los afectados tratan de que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario y los indemnice con unos 600.000 millones de pesetas, en un macrojuicio similar al de los aceiteros.

En contra de lo pretendido por sus defensores y el del Estado, el tribunal rechazó ayer que se pueda considerar de antemano que han prescrito los supuestos delitos de imprudencia temeraria y contra la salud pública de los que se acusa a los procesados.Según su presidente, José Antonio Marañón, no habrían incurrido en ellos en el instante justo de sus hipotéticas negligencias respecto al control del aceite de colza desnaturalizado con anilina para usos industriales, sino cuando tuvieron trágicas consecuencias debido a su consumo humano.

Como los procedimientos contra ellos no se produjeron hasta 1984, en unos casos, y hasta 1990, en otros, y las penas solicitadas se elevan hasta los once años de prisión, añadió Maranón, los plazos para la exención de responsabilidades podrían no haberse cumplido.

Por la misma regla de tres se desestimó también una solicitud expresa de amnistía, amparada en una promulgada en 1975, para Manuel Hernández Bolaños, quien, como jefe del Laboratorio Central de la Dirección General de Aduanas, informó en abril de 1973 que no había inconveniente para acceder a la utilización de la anilina como desnaturalizante y después no alteró ese criterio.

Los representantes legales de los perjudicados reclamaron a continuación la práctica de nuevas pruebas, tanto de carácter documental como testimonial. Entre estas últimas incluyeron las comparecencias de Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente del Gobierno en la época del envenenamiento, y Carmen Salanueva, que dirigió en su momento una comisión sobre el síndrome y que en la actualidad se encuentra procesada por presuntas irregularidades en la compra de papel cuando era directora del BOE -le habrían costado a Hacienda unos 500 millones- y una supuesta estafa en la adquisición de cuadros a precio reducido usando para ello el nombre de la reina Sofía y el de Carmen Romero, la esposa de Felipe González.

Tanto el fiscal, que pidió en principio el sobreseimiento del caso y más tarde la absolución de los inculpados, como el letrado del Estado y los de éstos mostraron su disconformidad con tal planteamiento, sobre el que ha de pronunciarse hoy el tribunal. Los defensores hicieron hincapié en que los funcionarios y los ex ediles tienen derecho a una vista sin dilaciones. Asimismo, indicaron que lo que intentan sus colegas de enfrente es prolongar la fase de la instrucción.

En medios jurídicos se interpreta que los acusadores quieren que este segundo proceso de la colza sea un macrojuicio, como el de los aceiteros, para mayor publicidad de su causa. Si hubiera al menos una condena y se le declarase responsable subsidiario, el Estado -también podría pleitearse contra él en un futuro por la vía civil- tendría que pagar más de medio billón en indemnizaciones.