El Gobierno plantea un "conflicto de jurisdicción con Garzón para no entregar los papeles del Cesid

El ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, presentó en el juzgado de guardia de Madrid, sobre las nueve de la noche de ayer, un "conflicto de jurisdicción" con el juez, Baltasar Garzón con el fin de no enviarle los papeles secretos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, cuyo plazo de entrega vence precisamente hoy. Esta acción jurídica pretende "poner fin a la cascada de autos" con que el juez "castiga al Cesid y al ministro de Defensa, según consta en el escrito de 23 folios entregado al juez de guardia. Junto al recurso, que deberá dirimir un tribunal de conflictos de jurisdicción, el ministro de Defensa presentó otro escrito, de un solo folio, cuyo objetivo es evitar "desobedecer en plazo" al requerimiento de Garzón.

En este último escrito, Suárez Pertierra insiste "una vez más" en que no puede entregar los documentos solicitados porque lo "prohibe la Ley de Secretos, Oficiales" y por "las razones expuestas en el conflicto de jurisdicción". La iniciativa planteada, cuya presentación ya anunció este periódico el pasado viernes, tiene como objetivo definir "una salida definitiva" cuando se trata de secretos oficiales y. determinar si cualquier juez puede reclamar el conocimiento de los mismos, según indicaron anoche fuentes del Gobierno.El contencioso legal debe ser dirimido por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, un órgano especial que se constituirá bajo la dirección del presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), actualmente Pascual Sala. Sus otros integrantes serán dos magistrados de la Sala de, lo Contencioso-Administrativo del Supremo elegidos por el pleno del CGPJ y tres miembros del Consejo de Estado. En caso de empate, el presidente del Supremo puede ejercer el voto de calidad.

La argumentación del ministro de Defensa replica a la doble línea argumental de Garzón en su quinto requerimiento para conseguir los documentos del Cesild. El juez estima que los do currientos han dejado de ser se cretos porque los ha mostrado Stiárez Pertierra en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, porque el coronel Juan Alberto Perote se ha referido a ellos en alguna declaración judicial y porque algunos yan han sido publicados en el diario El Mundo.

Filtración de secretos

El ministro replica que el Gobierno no está dispuesto a dar por buenas conductas irregulares, como la filtración por parte de algún diputado de cuestiones tratadas en una . comisión de carácter secreto y a la que los parlamentarios acuden con el deber de mantener la reserva. También considera el Ejecutivo una irregularidad que un funcionario como Perote viole secretos que ha conocido en función de su cargo o que, un medio de comunicación- los publique "cuando sabe que no puede hacerlo".

Garzón sostiene asimismo en su requerimiento que los documentos en cuestión no están amparados por la Ley de Secretos Oficiales porque no afectan a la seguridad del Estado. El Gobierno responde que se trata de una invasión de competencias, porque, según la ley y los criterios constitucionales, sólo al Gobierno, corresponde determinar qué es, secreto oficial. El Ejecutivo asegura que es su intención no obstaculizar ninguna investigación judicial, sino "recurrir a la vía establecida para resolver los conflictos" entre distintos poderes del Estado.

El Gobierno confía en que el fondo de la cuestión esté resuelto en uno o dos meses y subraya que el planteamiento del conflicto no obliga a paralizar ninguna investigación judicial, "aunque sería razonable que el juez no tomara decisiones que luego pueden ser anuladas".

Revisión de un precedente

Finalmente, el Ejecutivo quiere que se aclare un auto del Supremo que autorizó a la juez Ana Ferrer, instructora del caso Roldán, a investigar soportes documentales de los fondos reservados y lo justificó porque el secreto no puede servir para amparar conductas delictivas. Defensa cree que este auto rompe una tradición jurídica anterior, fijada a través de sentencias, y no de autos, y pretende que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción dé una solución definitiva.