"Una sola sería, suficiente"

Los miles de afectados no pueden pasar esa página de sus vidas [abierta en 1981] ni enterrar a sus muertos mientras no se resuelva". Así se expresa Antonio García Pablos. Para él, uno de los abogados de las víctimas del aceite de colza desnaturalizado con anilina, hay unos "intereses sociales" que no se pueden amontonar "entre los problemas que el tiempo resolverá o entre los que ya ha resuelto". Hasta 600.000 millones de pesetas en indemnizaciones, según los cálculos más elevados. están en juego.Pero el Estado sólo tendría que abonar esas compensaciones si fuese declarado responsable civil subsidiario. De ahí, la importancia del juicio que se celebra en estos días, en la Audiencia Nacional, contra cinco funcionarios con puestos relevantes en aquella época y dos ex concejales "por los supuestos delitos de imprudencia temeraria y contra la salud pública con resultado de muertes y lesiones". "Bastaría con que hubiera un condenado para que tuviese que pagar", resume Ignacio Uriarte, otro acusador.

Ése es el deseo que moviliza a los marcados por el aceite asesino. El juez instructor, Carlos Bueren, situó en 15 millones el dinero que la Administración debería desembolsar por cada fallecimiento; en 90, por cada gran invalidez, y en 70, por cada incapacidad absoluta, así como en 15.000 pesetas por cada día de lesión. Aquéllos mantienen que los muertos son 1.200 -oficialmente, no se reconocen tantos-; los inválidos, 4.000; los enfermos reales, 20.000, y los potenciales, 300.000. Así, les sale más de medio billón en sus cuentas.

No es de extrañar, pues, que quienes se sientan en el banquillo se crean "utilizados". Más que sus condenas -las penas pedidas oscilan entre los seis y los once años de prisión- se persigue, reflexionan, la del Estado y, por extensión, las indemnizaciones. Con deducciones, porque Bueren indicó que habría que restar lo pagado en prestaciones y asistencias -casi 110.000 millones hasta ahora-, o sin ellas, ya que el tribunal no se ha vinculado con ello.

Sus defensores han planteado como cuestión previa la prescripción de los presuntos delitos. Por el contrario, los representantes de los perjudicados por el envenenamiento estiman que los hechos delictivos que se les imputan no se agotaron en sí mismos, sino que se prolongaron en el curso del tiempo, a medida que se fueron produciendo las muertes y las lesiones, y, por tanto, que no han prescrito.

A pesar de haber solicitado el sobreseimiento del asunto por entender que los aceiteros condenados son los únicos responsables de la tragedia, el ministerio fiscal respalda a estos últimos al sostener que sólo las pruebas de cargo y descargo determinarán, en la sentencia, si se cometieron o no y, en su caso, si prescribieron o no.

LOS PROCESADOS

Manuel Hernández Bolaños, ex jefe del Laboratorio Central de la Dirección General de Aduanas. La resolución de Bueren le colocó en la primera fase del proceso, la de las autorizaciones para utilizar anilina como desnaturalizante del aceite de colza para usos industriales o, lo que es igual, para que a un producto comestible se le incorporase otro tóxico y, a veces, no detectable por el color, el olor y el sabor por quienes no fueran técnicos. En concreto, Hernández informó el 14 de abril de 1973 que no había inconveniente para acceder a una petición al respecto y después no alteró ese criterio.

José Guilló Femández ex director general de Competencia y Consumo. Bueren le situó en la segunda etapa, la referente a la falta de atención y control sobre las licencias de importación del aceite de colza desnaturalizado, que él conocía y autorizaba. El notabilísimo incremento de las entradas de este producto, explicó, debió hacer ver a los responsables de la Administración la falsedad del destino aparente y consignado en aquéllas, el uso industrial, en relación con el real, el consumo -humano.

Federico Povedano Alonso, ex jefe de la Sección de Importación de Productos Agrícolas y Transformados. Bueren le incluyó en el apartado de Guilló con la matización de, que no comprobó lo manifestado por RAPSA, la firma importadora. Antonio Bardón Artecho, ex jefe del Servicio contra Fraudes, dependiente de la Dirección General de Industrias Agropecuarias. Bueren le acopló en el tercer periodo, el de la negligencia en el control de las empresas que vendieron, el aceite venenoso para el consumo humano y, sobre todo, de RAELCA y OLEÍCOLA TOLEDANA.

Roberto Conty Larraz, ex subdirector general de Higiene para la Alimentación. Bueren le puso en el cuarto y último ciclo, el relativo al escaso control de la venta ambulante de la colza desnaturalizada. Así, le achacó un retraso en la adopción de medidas urgentes contra los mercadillos para impedir que la distribuyeran cuando ya se sospechaba que su ingestión podía ser la causa de la enfermedad.

Casimiro Palacios Rodriquez, ex concejal de Sanidad de Alcorcón (Madrid). Bueren estimó que se mostró negligente con la venta callejera del aceite. Según él, era conocida la existencia de un almacén de RAELCA que funcionaba sin licencia de apertura y lo comercializaba.

Miguel Casado Palomero, ex concejal de Sanidad de Valladolid. Bueren le aplicó la misma responsabilidad que a Palacios. Casado declaró en 1986 que desconocía las competencias municipales sobre la venta ambulante cuando, por añadidura, le correspondía ser el presidente de la Inspección de Alimentos y Bebidas.