Carlos Sotos y Sebastián Reyna niegan un desvío de fondos de IGS a UGT

El ex gerente de PSV Carlos Sotos y el secretario de finanzas de UGT, Sebastián Reyna, negaron ayer ante el juez Miguel Moreiras que hubiesen desviado fondos de IGS al sindicato. Sotos aseguró que se produjeron dos pagos, uno de 36 millones y otro de 150 millones a Fundescoop, fundación relacionada con el sindicato, de acuerdo con un contrato firmado previamente por las partes para la compra de 25.000 videoterminales que iban a ser destinados a Info-Rural, una empresa propiedad de la citada fundación.Sotos entregó al juez copia del contrato y varias letras de cambio retiradas cuando se anuló verbalmente aquél como prueba de su cancelación. El ex gerente de PSV negó que hubiese irregularidades y aseguró que se trataba de "inversiones de IGS con su patrimonio y sus activos". También dijo que el proyecto no se culminó por dificultades, en el tiempo de la inversión. Marino Turiel, abogado de Sotos, informó que el juez no ha citado de nuevo a declarar a su defendido y que el asunto ha quedado claro: "Creemos que hay un soporte documental contable, una resolución del contrato y existen facturas que demuestran que efectivamente los terminales se compraron". Carlos Sotos, tras su declaración de casi tres horas, abandonó la Audiencia Nacional por el garaje para eludir un encuentro con una docena de cooperativistas de PSV que le esperaban ante la puerta principal.

Sebastián Reyna rechazó también cualquier imputación sobre operaciones irregulares. El responsable de finanzas de UGT declaró ante el juez que la operación se realizó con "un contrato mercantil que se firmó y que no se pudo culminar" para un servicio de televenta a través de videotex y por el que se pagaron a Fundescoop 186 millones de pesetas.

La comparecencia de Carlos Sotos ante el juez Moreiras es la primera que se produce después de que el ex gerente de PSV fuese puesto en libertad el pasado 28 de julio con una fianza de 30 millones de pesetas, tras permanecer en la cárcel de Carabanchel durante 13 meses a causa de su implicación en el escándalo de PSV. Sebastián Reyna, fue citado por el magistrado en calidad de miembro de los patronatos de IGS y Fundescoop.