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El Gobierno estudia un conflicto de jurisdicción con Garzón por los papeles del Cesid

El Gobierno volverá a negar el lunes al juez Garzón los documentos del Cesid sobre la guerra sucia que ha reclamado el magistrado al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, a través del titular de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. El Ejecutivo, que se amparará en la Ley de Secretos Oficiales, está estudiando la posibilidad de acompañar esta negativa con la interposición de un "conflicto de jurisdicción" con el juez de la Audiencia Nacional, que sería resuelto por una sala especial formada por miembros del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El lunes termina el plazo de cuatro días que Garzón ha dado al ministro de Defensa para que le entregue los documentos del Cesid que han sido mencionados por el coronel Juan Alberto Perote en sus declaraciones sobre el caso Monbar, el más sangriento atentado cometido por los GAL.Ese mismo día por la tarde, el director general del servicio secreto, el general Félix Miranda, comparecerá por vez primera ante el Congreso, para explicar, a petición del PP, los presupuestos del Cesid para 1996.

Miranda sustituyó a principios de julio al teniente general Emilio Alonso Manglano, quien dimitió tras el escándalo de las escuchas ilegales del Cesid y que sólo acudió en una ocasión al Parlamento, en marzo de 1990, para hablar también de los presupuestos del centro.

El Cesid se ha negado reiteradamente a entregar a Garzón los informes sobre la guerra sucia que reclama el juez. El general Miranda ha esgrimido un escrito de Suárez Pertierra, quien le advirtió que ningún documento puede salir del centro sin autorización del Consejo de Ministros.

Este escrito ha servido al juez para acusar al ministro de Defensa de falta de colaboración con la Justicia y para reclamarle directamente, a través de un auto entregado el miércoles a Belloch, la entrega de los documentos que le niega su subordinado.

La respuesta del ministro será también negativa, pues el Gobierno considera, como explicó Belloch el pasado viernes en el Congreso, que los informes del Cesid pueden ser conocidos por el Parlamento, en el marco de la Comisión de Secretos Oficiales, pero no aportados a los jueces, ya que "todo procedimiento judicial, por su propia naturaleza, acaba siendo público".

Fuentes gubernamentales estiman que, ante esta negativa, le caben a Garzón tres alternativas: reclamar una vez más los documentos, lo que parece improbable; deducir testimonio de la respuesta de Suárez Pertierra e instruir diligencias por un supuesto delito de denegación de auxilio a la Justicia, que deberían ser remitidas al Supremo, dada la condición de aforado del ministro, o intentar hacerse con los informes ordenando un registro de los archivos del centro.

Precedentes

El Gobierno considera que su actitud está amparada por la doctrina del Supremo y recuerda, entre otros antecedentes, que el alto tribunal aceptó en 1989 su negativa a entregar el expediente completo sobre instalación de un polígono de tiro del Ejército del Aire en Anchuras (Ciudad Real), que tenía carácter reservado.Sin embargo, el Gobierno estudia la posibilidad de acompañar esta negativa con la interposición de un "conflicto de jurisdicción" entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Estos conflictos están regulados por una ley de 17 de julio de 1948, en parte derogada, y por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

El artículo 38 de esta ley prevé que estos conflictos sean resueltos por un órgano colegiado constituido por el presidente del Supremo (en este momento, Pascual Sala), que lo preside y tiene voto de calidad, y por cinco vocales. Dos de ellos serán magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, designados por el pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres miembros permanentes del Consejo de Estado.

Este mecanismo, según las fuentes consultadas, se ha utilizado en varias ocasiones, aunque nunca con asuntos de esta transcendencia política. Mientras se resolviera el conflicto, Garzón debería paralizar todas las diligencias encaminadas a conseguir los documentos del Cesid.

El ministro Suárez Pertierra sugirió el pasado 11 de agosto, en una visita a la base aérea de Zaragoza, la posibilidad de utilizar este mecanismo. "Si en algún momento llegara a producirse algún tipo de conflicto o contradicción en esta materia, comenzarían a funcionar las instituciones del Estado, que son los tribunales de Justicia, que, sin duda, darían una solución que acataría tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo", dijo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de octubre de 1995

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