Cinco millones de funcionarios protestan contra la política social de los conservadores en Francia

Jacques Chirac y Alain Juppé recibieron ayer un bofetón de los franceses. Fueron cinco millones de funcionarios y empleados públicos quienes fueron a la huelga por sus salarios, pero la comprensión y la simpatía expresadas por la mayor parte de la sociedad elevaron la protesta a un rango político. Francia demostró su mal humor y su desconfianza ante el futuro ofrecido por el Gobierno gaullita. En todas las grandes ciudades hubo manifestaciones y tanto los servicios públicos tren, metro, autobús, avión, correo, administración cómo las empresas públicas se paralizaron.

La mayor manifestación se celebró en París. Fue una larga y festiva marcha con música en vivo y atracciones, más parecida a una cabalgata que a una protesta, que congregó entre 25.000, personas, según la policía, y 60.000, según los siete sindicatos convocantes.El jolgorio que rodeó el acto tuvo mucho que ver con la positiva acogida dispensada a la huelga por la sociedad francesa. El apoyo a funcionarios y empleados públicos creció paulatinamente. Dos días antes de la huelga, una encuesta de Le Figaro señalaba que un 47% de los ciudadanos simpatizaban con la protesta, y un 48% estaba en contra.

Ayer, una nueva encuesta publicada por Le Parisien elevaba al 57% el porcentaje de partida rios del paro y reducía al 26% el de contrarios. La huelga recibía un apoyo mayoritario, según esa encuesta, desde todas las categorías sociales (empleados públicos, privados y desempleados), salvo el empresariado y los pro fesionales liberales.

Ventajas

Hubo comprensión hacia la huelga, pese a las incomodidades producidas por la misma y pese al hecho de que los funcionarios empleados públicos disfrutan en general, de ventajas como la seguridad en el empleo y mejores pensiones de jubilación que los empleados de las empresas privadas.Las incomodidades fueron muchas: aglomeraciones en estaciones sin trenes, fenomenales embotellamientos en las horas de punta y largos. retrasos en casi todo. Quien se atrevió, circuló en bicicleta o patines. Las pancartas y las consignas coreadas no se limitaron a los salarios. La pancarta que abría las manifestaciones era: Juntos por el servicio público.

La protesta contra la congelación de sueldos en el sector público, establecida en el proyecto de presupuesto para 1996, se unió al rechazo a la: reforma de la Seguridad Social aún no anunciada oficialmente-, al rechazo a las privatizaciones y, en general, de la titubeante política de austeridad contenida en los presupuestos.

Jacques Chirac repitió, durante la campaña electoral, que "la hoja salarial no es enemiga del empleo", refiriéndose a la necesidad de aumentar la capacidad de consumo interno. Ahora, la frase del presidente ha cambiado radicalmente: La hoja salarial de los funcionarios es la declaración de impuestos de los ciudadanos", dijo hace unas semanas. Los franceses tienen un concepto muy especial de la Administración y los servicios públicos. Tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayor parte de las élites administrativas colaboraron con el régimen filonazi de Vichy, el general Charles de Gaulle creó un Estado de nuevo cuño: provisto de una generosa Seguridad Social (1945), alimentado por una nueva élite meritocrática formada en la Escuela Nacional, de Administración (1945) y basado, sobre todo, en un pacto de solidaridad entre los franceses.

Justo cuando se celebra el cincuentenario de muchas de las nuevas instituciones, el Gobierno de Alain Juppé las pone en cuestión. Unido esto a la creciente marginación social y al terrorismo nihilista de inspiración islámica que florece en ciertos suburbios, Francia se palpa y no se reconoce.

Una amplia encuesta del Instituto de Estadística publicada ayer indicó que en la mayoría de los hogares franceses se cree que la degradación de las finanzas públicas muy aireada últimamente por Juppé, para justificar el esfuerzo por cumplir los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht sobre la Unión Europea es irreversible y comportará el desmantelamiento del Estado del bienestar.