Siete ex altos cargos de UCD se sienta en el banquillo por el caso de la colza

JULIO M. LÁZAROCatorce años después del envenenamiento masivo con aceite de colza desnaturalizado, siete ex altos cargos de la Administración con UCD se sientan hoy en el banquillo en el sumario instruido por el juez Carlos Bueren.

El ministerio fiscal y el Servicio Jurídico del Estado han solicitado el sobreseimiento. Las acusaciones corren a cargo de las asociaciones de afectados que tratarán de demostrar la culpabilidad de los procesados para que el Estado tenga que hacerse cargo de las indemnizaciones.

Según el auto de apertura de juicio dictado por el juez Bueren, procede tener al Estado por responsable civil subsidiario debido a la insolvencia de los acusados. Las responsabilidades civiles se cifran en 15 millones en caso de fallecimiento, 70 millones para afectados con incapacidad absoluta y permanente para realizar cualquier tipo de trabajo y 90 millones para los afectados de gran invalidez. También se cifra en 15.000 pesetas diarias por día de lesión para cada lesionado o afectado.

Debido a la dificultad de averigüar el dinero que correspondería a los lesionados, dada la multiplicidad de enfermos y el diferente número de días de lesión, nunca ha sido posible calcular con exactitud la cifra a la que ascendería el montante de las indemnizaciones. Los abogados de las acusaciones vienen situándolas en tomo a los quinientos mil millones de pesetas. Las asociaciones de afectados situan actualmente las cifras, en 1.200 fallecidos, 4.000 inválidos y 20.000 enfermos.

Petición de penas

Los siete inculpados que se enfrentarán a penas en algunos casos superiores a seis años de prisión tenían en 1981, año del envenenamiento, los siguientes cargos:

Manuel Hernández Bolaños, jefe del Laboratorio Central de la Dirección General de Aduanas. Según el auto de apertura de juicio, el 14 de abril de 1973 informó que no había inconveniente para utilizar aceite de anilina como desnaturalizante del de colza, que hasta entonces se desnaturalizaba con aceite de ricino.

José Guilló Fernández, director general de Competencia y Consumo, y Federico Povedano Alonso, jefe de la Sección de Importación de Productos Agrícolas y Transformados. Las actuaciones de ambos se consideran ineficaces para detectar el desvío al consumo humano del aceite de colza desnaturalizado. Guilló, según el juez Bueren, se abstuvo de comprobar la veracidad de lo manifestado por los representantes de Rapsa, la empresa de San Sebastián que importó el aceite de colza.

Antonio Bardón Artacho era jefe del Servicio contra Fraudes. Está acusado de no haber adoptado medidas inmovilizadoras del aceite de colza tóxico encontrado en las empresas Raelca y Oleícola Toledana, que carecían del correspondiente registro sanitario.

Casimiro Palacios Rodríguez, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alcorcón, está inculpado porque la empresa Raelca funcionaba sin licencia de apertura, pese a tenerla solicitada, y comercializaba de forma clandestina aceite de colza tóxico que fue adquirido y revendido por 13 vendedores ambulantes y 61 comerciantes.

Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad e Higiene de Valladolid, quien dijo que desconocía las competencias que el ayuntamiento pudiera tener sobre la venta ambulante.

Roberto Conty Larraz, subdirector general de Alimentación, que presuntamente estampó de su puño y letra, el 12 de junio de 1981, la frase "apto para el consumo" en un análisis practicado por un laboratorio, sin que en dicho análisis se informase sobre determinaciones tóxicas.

Los afectados han anunciado que acudirán a centenares para estar en la apertura del juicio frente a la Audiencia Nacional, a la que acudieron a manifestarse todos los jueves durante dos años.