La juez desestima la nulidad del juicio a Juan Guerra por presuntos delitos fiscales

Juan Guerra intentó hasta el último momento evitar el juicio por los cuatro presuntos delitos contra la Hacienda Pública de los que le acusa el fiscal jefe, de Sevilla, Alfredo Flores. Su letrado, Emilio Pérez, pidió a la titular del Juzgado de lo Penal número 4, Esperanza Jiménez, la nulidad de la vista oral alegando que en la instrucción de la causa se vulneraron derechos fundamentales del procesado. La magistrada desestimó la solicitud de Guerra, quien luego se negó a declarar porque, dijo, no recuerda los hechos con exactitud.

Es la sexta vez que Juan Guerra, que lleva tres condenas y dos absoluciones, se sienta en el banquillo. Ahora se le acusa de cuatro delitos fiscales: dos, en sus declaraciones de 1988 y 1989, y otros dos, por defraudación del impuesto de sociedades de la empresa Corral de la Parra, en la que era socio de Juan José Arenas, también acusado de cuatro delitos y que ayer sí declaró. Arenas afirmó que Guerra, propietario del 50% de las acciones, nunca intervino en las operaciones inmobiliarias.El abogado del hermano del que fuera vicepresidente del Gobierno [Alfonso] pidió la nulidad del juicio argumentando que durante la instrucción del caso, efectuada por el juez Ángel Márquez, se vulneraron derechos fundamentales de su cliente. Según el letrado, los principios que se han quebrantado son la tutela judicial efectiva -"derecho a un proceso público sin dilaciones"- y el derecho a no declarar. "Hoy se juzga a un condenado", afirmó Emilio Pérez, que comentó: "La etapa de instrucción fue desorbitada y arbitraria. Superó todos los términos de. razonabilidad".

Pérez recordó que Márquez, en un momento de la instrucción, formuló 108 preguntas a Guerra pese a que éste, "cansado de un proceso inquisitorial", ya había manifestado que no iba a responder. Asimismo, destacó que esta decisión tuvo "consecuencias lesivas" para su defendido, ya que al día siguiente "salieron en los medios de comunicación las 108 preguntas" no respondidas. Esta decisión, según el letrado, se tradujo en una sanción social a Guerra, a quien se aplicó aquello de que "el que calla otorga".

El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, recordó que este caso "es el ejemplo de lo que no puede ser un proceso penal", pero añadió que de ninguna manera se han vulnerado derechos fundamentales de Guerra. "El proceso excede de lo razonable, pero no hay violación de derechos", dijo Flores, quien aseguró que en julio de 1992 ya se tenían todos los "datos objetivos" para procesar a Guerra por los delitos de los que se le acusa.

Advirtió también Flores que la defensa de Guerra ha contribuido durante este tiempo a retrasar el proceso. En cuanto a las 108 preguntas de Márquez, matizó que "no tenían sentido", pero que tampoco supusieron un quebranto de sus derechos. "La instrucción fue oscilante, zigzagueante, pero no inquisitorial", concluyó. La juez Esperanza Jiménez, desestimó las alegaciones planteadas por el letrado de Guerra y recordó que éste ha cambiado varias veces de abogado en los últimos meses, lo que también ha propiciado la demora de la causa. Además, indicó que se habría violado el derecho a no declarar de Guerra si hubiese sido obligado, lo que no fue, a responder las 108 preguntas.

Antes de entrar en la sala, Guerra sorprendió con el anuncio de qué está escribiendo dos libros sobre su vida para "buscar la tranquilidad personal" y restituir su imagen. En el primero narra sus vivencias desde su juventud hasta el estallido de su caso y, según explicó, servirá para "desenmascarar a algunas personas que pasan por paladines de la Justicia, y no lo son". Por lo demás, dijo sentirse tranquilo pese a enfrentarse a una pena de 12 años de cárcel: "Los argumentos contra mí no tienen bastante peso".