La clausura vuelve a Las Salesas

Siglo y medio después. de que el antiguo convento de la Visitación fuese destinado a servir como Palacio de Justicia, un cerrado ambiente de clausura vuelve a impregnar los muros del edificio que cediera Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, a la orden de las Salesas Reales. El hasta hace poco bullicioso foro judicial de Madrid ha recuperado la paz conventual desde que sus actuales y exclusivos moradores, los magistrados del Tribunal Supremo, han acotado como "zona restringida" un centenar de recién estrenados despachos y han recolocado al personal auxiliar entre sótanos y viejas salas de juicio. Para que en adelante nadie vuelva a turbar la paz monacal de los de siertos corredores, los jerarcas han expulsado a los fotógrafos y las cámaras de televisión. Por sorpresa y sin explicaciones.Todo empezó cuando alguien le hizo una foto al presidente de la Sala Tercera, Ángel Rodríguez García, un ajetreado día en que había sesión plenaria sobre el caso GAL. Encolerizado , convocó a la Sala de Gobierno y logró sacar adelante una prohibición para que los fotógrafos y las cámaras de televisión no pudiesen entrar en las salas de juicio.

Nadie ha sido capaz de explicar por qué una fotografía pudo molestar tanto al presidente de la Sala Tercera, de no ser por la posibilidad de aparecer señalado como farolillo rojo en atrasos, por los 124,828 asuntos contenciosos pendientes que tiene su sala. Pero, salvo por eso, Rodríguez nunca antes había llamado la atención de los periodistas, ni siquiera como jurista.

Menos extrañeza causó que el presidente de la Sala Segunda, Fernando Cotta, saliese en defensa, no de los periodistas, sino de sus defenestradores. Cotta inició su mandato pretendiendo dar una imagen institucional, pero el entusiasmo apenas le duró tres o cuatro comparecencias ante las cámaras. En una de ellas afirmó, que sería inevitable aplicar al caso GAL el artículo 102 de la Constitución para que una eventual acusación contra el presidente del Gobierno la promoviese el Parlamento. Medios judiciales y políticos se le echaron encima y le dieron estopa hasta en el birrete.

Cotta afrontó algunas comparecencias más, pero daba una imagen envarada y titubeante, aun rodeado de sus compañeros de la sala de admisión del caso GAL. Su última familiaridad con la prensa gráfica la tuvo a primeros de septiembre con un fotógrafo al que conminó a deponer su cámara al sorprenderle, por la calle "en mangas de camisa".

Sin salir de su asombro por lo tajante e inesperado de la prohibición, los periodistas de tribunales demandaron del presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, la revocación de tan arbitraria medida. Nunca lo hubieran hecho. Sala convocó una nueva reunión gubernativa, de la que salió con una prohibición aún más extensa que la anterior, que excluye de las imágenes todo el recinto del edificio. La treintena de profesionales que osaron pedir la mediación presidencial pasaron a ser objeto de preferente atención de las fuerzas de seguridad, que desde entonces le! someten a minuciosos registros antes de acceder al Supremo y, especialmente, al edificio del Consejo del Poder Judicial.

La teoría más extendida sobre lo sucedido apunta a que en su reestrenada sede del Tribunal Supremo los magistrados no quieren que nadie ponga los pies encima del sillón.

La reforma ha estado 3.447 millones en obras de restauración, mobiliario y decoración de los despachos de sus 85 magistrados de plantilla. A 40 millones el metro de magistrado.

A consecuencia de tal dispendio han comenzado a aflorar las primeras voces en favor de discriminar las puertas de acceso "para que no se estropee el mosaico" de la entrada principal, o las que han sugerido que los flashes de los cámaras pueden estropear las pinturas recién rehabilitadas. Pinturas que deben referirse a las de las paredes, porque los cuadros, amén de ser horribles en su mayoría, aún no han vuelto a ser colgados.

En los 10 o 12 últimos años las cámaras han accedido con regularidad tanto al palacio como a sus salas de juicio, en una secuencia que se ha constituido ya en costumbre. Han sido captadas imágenes de procesos a militantes del PP, como en el casó Naseiro y el de la minería de León; de parlamentarios de HB por el escándalo en la Casa de Juntas de Gernika; de recursos de policías (caso Nani); de centenares de perjudicados por el envenenamiento por el aceite de colza, y de toda una larga lista de banqueros y empresarios inculpados en la presunta fmanciación irregular del PSOE.

Ahora, la coincidencia de la exclusión de las cámaras con los preliminares del caso GAL y con la proximidad del juicio oral del caso Filesa, que afectan a las altas instancias gubernamentales y del PSOE, parece dar pie a otra interpretación.