Batalla al rojo vivo en torno al cable

La batalla en torno a la ley del cable continúa al rojo vivo. Se mantienen abiertas las conversaciones del PSOE con el PP y con IU para tratar de desbloquear el proyecto de ley reguladora de este sector y el ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, ha propuesto un acuerdo al portavoz parlamentario del PP, Rodrigo Rato. Izquierda Unida, por su parte, ha ofrecido al partido socialista fórmulas de consenso para aprobar la ley por vía de urgencia.Mientras ese proceso sigue su curso, desde la sede central del PP, en la madrileña calle de Génova, se renovaron ayer los mensajes públicos en el sentido de que este partido mantiene su intención de que los ayuntamientos en que gobierna -54 de ellos con más de 100.000 habitantes- convoquen concursos, antes de fin de año, para decidir quién debe ser el Operador de cable de esas ciudades.

Miguel Ángel Rodríguez, recientemente designado para coordinar la política del PP respecto al cable, indicó a este periódico que ya está redactando el documento base para los concursos municipales. "Estamos preparando el modelo de concesión", especificó.

Directrices

La nueva estrategia municipal del PP en materia de cable se aprobó en la reunión celebrada por los ediles populares el lunes pasado, en la sede central del PP. De acuerdo con las directrices que allí se marcaron, los ayuntamientos gobernados por el PP aprobarán primero una ordenanza municipal, en la que se establecerán los criterios básicos de la adjudicación de las redes de cable; y después deberán hacer públicas, a través de una orden municipal, las bases de adjudicación y la convocatoria del concurso.

Las razones por las que se fija este procedimiento son, según consta en el documento entregado a los alcaldes del PP, "la seguridad jurídica y la transparencia en la gestión", "la participación ciudadana" y "la igualdad de trato y la no discriminación por razones políticas".

En el documento se justifica además esa iniciativa en que "existe un vacío legal en materia de gestión local de televisión por cable" y varias sentencias del Tribunal Constitucional "en las que se reconoce expresamente el derecho de los ayuntamientos a regular la utilización del dominio público municipal, permitiendo la instalación de redes de cable".

Mientras tanto, prosiguen las declaraciones que subrayan importantes diferencias entre PSOE y PP. El ponente Socialista del proyecto de ley de telecomunicaciones por cable, Genaro García Arreciado, ha dicho que el concurso que se proponen sacar adelante los ayuntamientos del PP para cablear con red de alta tecnología es ilegal, "a no ser que se limiten únicamente a la televisión por cable". Esa postura se deriva de la consideración de las telecomunicaciones como una competencia, reservada al Estado por la propia Constitución.

Los populares sostienen, por el contrario, que no existe ilegalidad alguna en cablear las ciudades con fibra óptica. Además, el PP distribuyó un comunicado en el que señala que "municipalizar las obras de infraestructura no es un error". La nota añade: "El error sería que el Gobierno monopolizara el mercado libre, porque iría en perjuicio de todos los ciudadanos".

La iniciativa del PP ha coincidido con la decisión del ayuntamiento de Barcelona, regido por el socialista Pasqual Maragall, para adjudicar el cableado piloto de la ciudad a un consorcio que cuenta con una importante participación de la telefónica norteamericana US West y con una pequeña participación del propio ayuntamiento, entre otros socios. Esa decisión fue sólo el prólogo de la que adoptaron el miércoles otros 11 ayuntamientos catalanes gobernados por el PSOE e Iniciativa per Catalunya (IU), partidarios de adjudicar conjuntamente los servicios por cable.