"La actitud del PP en el 'caso GAL' es el gesto de hipocresía supremo"

Quién puede tirar la primera piedra? En opinión de Santiago Carrillo y de Juan María Bandrés, con 81 y 63 años respectivamente, hoy ya retirados de la política activa, no es precisamente el Partido Popular, el mismo que ha pedido el Congreso la creación de un omisión de investigación sobre caso GAL, quien está legitimado para hacerlo. Más bien al contrario."Es el colmo de la hipocresía, el gesto de hipocresía supremo", afirma Bandrés, "que quienes en aquellos momentos no sólo miraron hacia otro lado, como hizo la mayoría, sino que sonrieron, aplaudieron y, dieron palmadas en la espalda, aparezcan ahora como fiscales". El ex diputado de Euskadiko Ezkerra fue, junto a Santiago Carrillo, entonces secretario general de PCE, el único parlamentario que en noviembre de 1983, cuando los GAL estaban en ciernes, alzó su voz en el pleno el Congreso que debatía la política antiterrorista para advertir al Gobierno contra la tentación de la guerra sucia.

"Lo que hizo el Gobierno en ese terreno", asegura de su lado Carrillo, "lo hizo, entre otras cosas, bajo la presión del Partido Popular, entonces AP, y de su líder, Manuel Fraga, que empujaba para que se hicieran cosas de ese género".

Carrillo recuerda que el ministro del Interior, José Barrionuevo, estaba un poco incómodo, porque sus intervenciones recibían más aplausos desde los escaños de la derecha que desde los de su propio partido.

"Los sucesores de Fraga, que llegaron a la dirección del PP con su beneplácito, han olvidado completamente que, si se hicieron las cosas que se hicieron, tan responsables como el propio Gobierno son ellos mismos", agrega. Desde el punto de vista político, no penal, aclara. Bandrés afirma que el PP tendría que hacer "una autocrítica muy seria" antes de erigirse en juez de nadie por aquellos hechos. Durante todos los años en que actuaron los GAL, entre 1983 y 1987, según recuerda, "no hubo ni una sola pregunta ni una sola interpelación al Gobierno, por parte de los populares, pidiéndole explicaciones de lo que estaba pasando. Eso es historia y está escrito". No le sirve como argumento que la AP de entonces sea hoy el PP y que su líder ya no se llame Manuel Fraga sino José María Aznar. "Son los mismos perros con los mismos collares", sentencia.

Carrillo cree que el PP pide la creación de una comisión de investigación porque sabe que las Cortes serán disueltas en pocos meses y no habrá tiempo para investigar de verdad. "De lo contrario", advierte, "saldría a la luz que aquello fue un Fuenteovejuna, en que el Gobierno la derecha actuaron todos a una". El ex dirigente comunista recuerda que, en la primera legislatura del PSOE, Felipe González nombro a Fraga "jefe de la oposición, una figura que sólo existe en el Reino Unido, con gran disgusto de Roca, Suárez y mío".

Tiene muy presente la reunión que ambos mantuvieron a solas el 25 de octubre de 1983 para discutir la nueva política antiterrorista aprobada por el Consejo de Ministros. "Yo estoy convencido", afirma Carrillo, "de que Felipe González le informó [de la puesta en marcha de la guerra sucia]. La prueba más definitiva es el discurso de Fraga del 3 de noviembre, en el que no sólo apoyaba, sino que estumulaba" al Gobierno a avanzar por ese peligroso camino.

Bandrés prefiere no especular sobre el contenido de aquella entrevista, pero no tiene duda, a la luz de la actitud que entonces mantenía Ap en temas de terrorismo, de que, "si se produjo esa oferta [de respaldar la puesta en marcha de los GAL], con toda probabilidad fue aceptada".

Al ex diputado de Euskadiko Ezkerra, que pilotó la fusión de su partido con el PSE-PSOE para darse de baja tras las últimas elecciones vascas, le repugna todavía la idea de que González ordenara crímenes de Estado, y admite que no le gustaría verlo sentado en el banquillo, pero no tiene, sin embargo, ninguna duda de que "es responsable políticamente, por acción o por omisión", de lo que ocurrió. Como también lo son, en la medida de sus posibilidades, los grupos políticos que reunciaron, como oposición, a ejercer su labor de controlar al Gobierno en esta materia. "En lo que se hizo hubo un

consenso claro entre el PSOE y AP", señala Carrillo. "Los demás", agrega respecto a las otras fuerzas parlamentarias, "salvo contadísimas excepciones, asintieron tácitamente, aunque no hicieran declaraciones del estilo de las de Fraga".

Bandrés reconoce que "era muy duro denunciar estos hechos en medio de una brutal escalada terrorista" y que a menudo sintió "una gran soledad" al hacerlo, sobre todo porque muchos le acusaban de ser el abogado de los etarras. "Había", concluye, "un pacto tácito de silencio entre los grandes partidos".