El fiasco de Tous

LAMENTABLE Y vergonzoso. El asombro social ante la sentencia por el caso de la presa de Tous es similar a la afrenta a los implicados. Este asunto no debió seguir la vía penal, sino la contencioso-administrativa, dice el tribunal que lo ha tenido empantanado 13 años. Este veredicto era quizás admisible en la proximidad de la catástrofe que en octubre de 1982 causó nueve muertos e inmensos daños en la ribera del Júcar. Incluso es posible que la hubieran comprendido entonces miles de personas afectadas. Ahora suena a tomadura de pelo.No se puede decir a los ciudadanos que se han equivocado de ventanilla tras haberlos tenido entretenidos durante tanto tiempo con un papeleo sumarial que llena decenas de miles de folios, con tres juicios fallidos y un sinfín de decisiones contradictorias que han liado inconcebiblemente un proceso que pasa a la historia como paradigma de lo que no debe ser la justicia. Los tribunales y los jueces están para hacer justicia en un tiempo razonable, como mandan la Constitución y las leyes. No para enredarse y hacer todo absurdo, inviable y por ende injusto.No se trata de cuestionar la absolución de los tres ingenieros acusados de negligencia en el mantenimiento de la presa reventada por la riada. Aunque no sea ocioso recordar que uno de los ahora absueltos fue condenado en su día en un juicio luego anulado por el Tribunal Supremo por defectos de forma, y no de fondo. Nuevos datos o nuevas percepciones de los magistrados pueden explicar esta aparente contradicción. Pero hay que hacer un enorme esfuerzo para comprender los motivos que han llevado al tribunal a decir ahora lo contrario a lo que antes dijeron. En cualquier caso, si el fallo absolutorio es coherente con la ausencia de pruebas o con la inconsistencia de las aportadas en el nuevo juicio, no hay nada que decir. Es una de las posibilidades de un juicio abierto y no predeterminado. Corresponde al Tribunal Supremo dictaminar en última instancia si se da o no esa coherencia.

Lo que se cuestiona es la falta de respuesta judicial, en tiempo y forma debidos, al esclarecimiento de unos hechos de los que alguien es responsable, bien por negligencia humana, bien por mal funcionamiento de los servicios de mantenimiento de la presa derrumbada. Y ese alguien debe pechar, como es obligado en un Estado de derecho, con el coste del resarcimiento por los daños causados. Pero como sería inhumano embarcar a los perjudicados en un nuevo proceso coritencioso-administrativo de desenlace incierto e imprevisible duración, lo que procede es que el Estado asuma sin más esa carga.

El caso de la presa de Tous pone de manifiesto la incapacidad de la justicia española, en medios y mentalidad, para hacer frente en un tiempo razonable a procesos masivos -legalmente intrincados tanto en la determinación de responsabilidades como en la valoración de efectos- como éste o el de la colza. Serán otras instancias -el Parlamento o directamente la Administración- las que po r vías distintas que la indemnización judicial tengan que paliar los daños causados, antes incluso de determinar responsabilidades. Es lo propio de un Estado responsable.

En el caso Tous esa vía está esbozada. El decreto ley del. Gobierno que, en marzo de 1993, asignó 19.000 millones de pesetas a los afectados que renunciaran a la vía judicial, es un punto de partida. La mayoría optó por esta alternativa como forma de librarse del calvario judicial padecido durante años. El resto debería tener ocasión de seguir los mismos pasos. Aunque ello exigiera que todas las fuerzas políticas, y no sólo el Gobierno, se comprometieran en una solución legislativa.