Dineros de droga

EN EL Congreso de los Diputados emergió el pasado miércoles una rara flor de invierno. Todos los grupos votaron a favor -algo insólito en los tiempos que corren- de la ley por la que se va a crear un fondo con los bienes decomisados a los narcotraficantes. Este fondo será dotado con el 50% del valor de los bienes que se decomisen por sentencia judicial y se invertirá en programas de prevención y lucha contra las drogas. La mayor o menor dotación del fondo dependerá de la pericia de los aparatos policiales y judiciales, y muy posiblemente nunca pase de ser una minucia respecto al volumen total del dinero blanqueado. El narcotráfico mueve ingentes cantidades de dinero, capaces de corromper Administraciones, Gobiernos tribunales. Se estima que cada año inyecta en el sistema financiero 37 billones de pesetas en todo el mundo. Medio billón en España. Mientras, en 1994, los bienes incautados a narcotraficantes apenas alcanzaron los 2.400 millones.En cualquier caso, ese dinero siempre será bien recibido por quienes libran la ingente batalla de poner freno al flagelo que es la droga para millones de seres humanos en todo el mundo. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que esa enorme cantidad de dinero se ha ido amasando, de mil en mil, en una siniestra y eficaz recaudación, y que en el origen de esa cadena siempre hay un toxicómano desgraciado y un entorno que sufre las consecuencias de su desgracia.

Justo es, pues, que parte de ese dinero recaudado con el sufrimiento de los toxicómanos, familiares y víctimas se utilice en ayudarles a salir del infierno de la droga y financiar una política de información y prevención que es vital para impedir que nuevas generaciones de jóvenes caigan en él.

No es posible acabar con el tráfico ilegal mientras no se replantee el actual enfoque criminalizador del consumo de drogas. Prohibicionistas y antiprohibicionistas al menos están de acuerdo en que la política seguida en esta materia en las sociedades occidentales ha fracasado. Pero, al margen del debate sobre la forma de hacer frente al fenómeno dé la droga, está claro que la persecución de los grandes traficantes debe ser implacable, no sólo por atentar contra la salud y la hacienda de la población, sino también por el peligro corruptor que supone para el Estado.

La confiscación de bienes será además, con seguridad, un instrumento disuasorio eficaz. El dinero debe, por tanto, revertir hacia las víctimas una parte de los beneficios obtenidos a su costa. Y que se puedan financiar con ellos programas preventivos y de reducción del riesgo, como la administración de metadona u otras sustancias que sustituyan a la droga. E incluso programas que faciliten -con el suficiente control- la propia droga si es necesario, porque en este ámbito es preciso buscar fórmulas imaginativas y desprenderse de prejuicios que no sólo perjudican a los toxicómanos, sino a toda la sociedad.

En Suiza se está ensayando un programa que facilita heroína a un grupel de 500 toxicómanos en los que no ha surtido efecto ningún otro planteamiento terapéutico. También en Cataluña los responsables del programa de la droga y, el propio consejero de Sanidad se declararon públicamente dispuestos a ensayar esta fórmula para los toxicómanos que, por su marginación, están más alejados del sistema sanitario. La posibilidad de administrar heroína despierta recelos, especialmente entre las personas poco informadas, pero estos recelos están condenados a ser superados. También hace unos años se acogió con rechazo, muchas veces visceral y poco argumentado, la posibilidad de administrar metadona a los drogadictos.

Si de algo hemos de lamentamos ahora es de no haber comenzado antes y de no tener una red suficientemente extensa para administrarla. Porque el drogadicto que toma metadona ya no necesita robar para conseguir la droga ilegal, y, por tanto, administrando metadona reducimos la inseguridad ciudadana. No necesita tampoco agujas con las que inyectarse, de modo que se rompe así uno de los eslabones por los que más se ha expandido el sida en España. Y tampoco tiene que arriesgarse cada día a inyectarse una dosis adulterada o excesiva, con lo que también se protege su vida y su salud.

La Organización Mundial de la Salud ha definido la toxicomanía como una enfermedad crónica y recidivante, en la que el principal objetivo debe ser conseguir que los periodos de abstinencia sean cada vez más largos y las recaídas cada vez más espaciadas. Si hay un grupo de toxicómanos que no puede dejar la droga y tampoco encuentra en la metadona un sustitutivo idóneo para su organismo, la misma lógica que ha llevado a administrar metadona debería llevamos ahora a poder facilitarle la Propia droga, naturalmente de forma legalmente, controlada. La justificación para esta medida, como en el caso de la metadona, está clara: las vidas que con ello se puedan salvar y el sufrimiento que se pueda evitar.