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Reportaje:

El silencio espeso de 1983

El Congreso pasó de puntillas sobre las acciones ilegales contra ETA cuando se estaban gestando los GAL

Jueves 3 de noviembre de 1983. Diez y cuarto de la mañana. El presidente Felipe González sube a la tribuna del Congreso para explicar el paquete de medidas antiterroristas aprobado por el Consejo de Ministros. Acaba de cumplirse el primer aniversario de la victoria del PSOE, pero ni el país ni el Gobierno están para celebraciones.Las dos ramas de ETA se han empeñado en una brutal escalada que contabiliza ya nueve muertos y medio centenar de atentados en sólo dos meses. La aparición del cadáver del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, amordazado y con un tiro en la nuca, tras dos semanas de secuestro y cuando su liberación se creía próxima, ha provocado una conmoción social sin precedentes. Medio millón de personas salen a las calles de Madrid y otras 100.000 a las de Bilbao en la mayor movilización ciudadana contra el terrorismo.

El tono de González es grave, casi dramático: "Tenemos la firme decisión de acabar con una situación paradójica, una situación que permite vivir tranquilamente, y yo me atrevería a decir que burlándose de todos nosotros, la inmensa mayoría de los ciudadanos, aquellos que hacen apología del terrorismo, a aquellos que encubren a los terroristas o les facilitan ayuda, mientras viven angustiados centenares de miles, millones de ciudadanos de buena fe que defienden la paz de todos los que quieren vivir en democracia, que no se resisten a contemplar pasivamente la extorsión ni la amenaza".

Una espeso silencio se hace en el hemiciclo mientras habla el presidente del Gobierno. Falta justamente un mes para que altos cargos del Ministerio del Interior ordenen el secuestro en Hendaya (Francia) de Segundo Marey, a quien confunden con un etarra, en la primera acción reivindicada por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Ya hay, sin embargo, alguna muestra inequívoca de que la política antiterrorista empieza a deslizarse por el terraplén de la ilegalidad. El 16 de octubre han desaparecido en Bayona los activistas de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Dos días después, en Hendaya, cuatro policías españoles son detenidos mientras intentan secuestrar al dirigente de los octavos José María Larretxea. Se trata de una violación flagrante de la ley en un país extranjero por parte de funcionarios españoles.

No es popular denunciar estos hechos ante una opinión pública horrorizada por el terrorismo. Pero tampoco cabe aducir ignorancia: "Cualquier forma de guerra sucia, Y hay indicios claros de que el Gobierno la practica, [ ... ] es una tentación demasiado obvia, y en ella caen los gobernantes más demócratas con una testarudez histórica", escribe Juan Luis Cebrián, director de EL PAÍS, el 23 de octubre.

González no hace, en su discurso, ninguna alusión a estas prácticas. Se limita a enumerar, más que explicar, las medidas de orden penal, procesal, penitenciario y gubernativo aprobadas por el Consejo de Ministros. Lo importante, más que las decisiones, es el mensaje: "Hay momentos en los que hay que dar una explicación a la opinión y una explicación que, probablemente, deba ser, sobre todo, una explicación política, en el sentido mayúsculo de la palabra, no una explicación de los detalles sobre los que se está actuando constantemente en el día a día", afirma el presidente. "Pues bien, espero que se me entienda con claridad: no permitirá este Gobierno que vivan tranquilos los que amparan el terror y el crimen".

A González le sigue en el uso de la palabra el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés. Es el primero en abordar el tema tabú, aquello en lo que todos piensan pero nadie osa mencionar. "No caigan, y espero que no caerán", advierte mirando al banco azul, "en la tentación de una guerra sucia; la, ilegalidad es patrimonio del delincuente. El Estado democrático se mueve dentro de unos límites que no puede traspasar y que hay que respetar. Esa es la grandeza en realidad del poder público en un Estado democrático".

Sólo el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, insistirá en la admonición: "Yo quiero terminar diciendo que de todas esas medidas nos preocupa que no haya habido ninguna alusión concreta de condena contra la guerra sucia; la guerra sucia sería un problema que aumentaría todavía más el terrorismo".

Carrillo tiene otro motivo de inquietud: que González sólo haya consultado con el presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, con quien se reunió a solas el 25 de octubre, su nueva política antiterrorista. "Desde luego, con medidas pactadas con el señor Fraga estoy convencido de que en este país no se resolverá el problema del terrorismo", dice.

'Guerra revolucionaria'

Es el propio Fraga y no González quien, con su característica contundencia verbal, replica a Bandrés y Carrillo: "Guerra sucia, ¿quién la hace? Es el terrorismo quien la hace; la más sucia de todas, la más cobarde de todas, la más criminal de todas, la que dispara por la espalda con tal de llamar la atención, la que recurre a todos los medios de presión o coacción sobre las pobres mujeres de los guardias civiles, sobre sus hijos en el colegio, donde sea. No se puede hablar de guerra sucia cuando de lo que se trata es del ejercicio más natural, del más elemental de los derechos, que es el derecho, de legítima defensa. Ése es el derecho que pedimos que se ejerza en nombre de todo el pueblo de España".

En su opinión, el terrorismo es un problema de "guerra revolucionaria", de "guerrilla urbana". "Tengo que decir que cuantas medidas se tomen nos parecerán bien", afirma el líder de la derecha, "pero hay que recordar que hacen falta hombres que las apliquen", En el periódico del día, que los diputados tienen sobre su escaño, aparece el nombramiento del general José Antonio Sáenz de Santa María, delegado del Gobierno en el País Vasco con UCD, como nuevo director de la Guardia Civil.

Los demás grupos obvian el tema, pero respaldan inequívocamente a González, salvo el portavoz del PNV, Marcos Vizcaya, que lo hace con matices; aún reconociendo la dificultad de enjuiciar las medidas del Gobierno "en el estado emocional en que todos nos encontramos, tras los repugnantes asesinatos de que hemos sido testigos".

"Nuestro grupo les apoyará y se solidarizará con las decisiones graves y a veces incómodas que deberán ustedes adoptar", afirma el portavoz de CiU, Miquel Roca. "No podremos hacer uso de cualquier fallo que pueda producirse en la acción del Gobierno, desde el punto de vista de la capitalización partidista. Hemos renunciado a ello", agrega.

El periodista de EL PAÍS Fernando Jáuregui tituló su crónica parlamentaria de ese día Una sesión llena de sobreentendidos. "Una posible puesta en marcha de tácticas de guerra sucia flotó sobre la sesión", decía.

Según el acta del pleno, la intervención del presidente fue acogida con "fuertes y prolongados aplausos en los bancos de la izquierda". En ellos se sentaba el diputado socialista por Vizcaya Ricardo García Damborenea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de septiembre de 1995

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