Esperanza guineana
EL PRIMER resultado positivo de las elecciones municipales celebradas en Guinea Ecuatorial el pasado domingo es que, aunque en libertad vigilada, la oposición democrática al régimen de Teodoro Obiang ha podido reunirse, expresarse y darse a conocer a los ciudadanos de este país. Los guineanos han podido constatar que los opositores no son los enemigos de la patria burdamente caricaturizados por el poder. Ahora se trata de impedir que esos espacios de libertad vuelvan a cerrarse.El Gobierno español debe poner en juego toda su influencia para que Guinea siga caminando por la angosta vía democrática abierta el domingo. Las urnas han dado, según Plácido Micó, coordinador general de la Plataforma de Oposición Conjunta (POC), una victoria "clara y contundente" a esa coalición, que obtendría más del 57% de los sufragios frente al 31% obtenido por el gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). Si es así, el régimen debe aceptar su derrota y traspasar el poder municipal a los ganadores de los comicios.
Del respeto de Obiang a esta vía depende el que deba descartarse definitivamente su derrocamiento a través de un golpe de Estado, posibilidad que, según ha informado este periódico, llegó a tentar incluso a Severo Moto. Ya en su día las autoridades españolas rechazaron apoyar esa intentona al ser informadas de su preparación. No faltan en la antigua metrópoli los partidarios de la política de la cañonera para imponer en Guinea el respeto a la democracia y los derechos humanos y un mínimo de honestidad y racionalidad en la gestión de los recursos públicos. Pero los responsables de la política exterior española llevan años optando por la consecución de esos objetivos a través de una actitud de presión a Obiang y apoyo a los demócratas.
La brutal, caprichosa e intransigente política de Obiang, los sufrimientos del pueblo guineano, la desesperación de los opositores y la política tremendista de un embajador norteamericano fueron el caldo de cultivo de esa incipiente y algo ilusoria conspiración. De ahí que sea disparatado compararla con el 23-F español. Los golpistas españoles pretendían interrumpir el proceso democrático que se había dado el pueblo español; los conspiradores de Malabo actuaban contra una dictadura feroz.
Más discutible es la actitud actual de Moto, que ha seguido desde España las elecciones en Guinea pese a proclamar que han sido decisivas para que sus compatriotas pierdan el miedo al régimen. Moto ha dado sucesivos pretextos a la prolongación de su estancia en España: razones familiares, problemas de salud, miedo a ser liquidado en Guinea. El penúltimo es que se puede influir más en la democratización de Guinea, hablando en Radio, Exterior de España que participando en mítines en las calles de Malabo. Son razones legítimas, pero debilitan su credibilidad.
Las autoridades y los medios de comunicación españoles apoyaron a Moto cuando fue juzgado en Guinea, a causa de la inexistencia absoluta de garantías jurídicas y del razonable temor a que estuviera condenado a muerte de antemano. El que se descubra que, en efecto, tuvo veleidades golpistas no resta un ápice de justeza a aquel apoyo. El riesgo ahora es otro: Obiang puede intentar utilizar estas informaciones para arremeter contra toda la oposición. Eso sería intolerable. Moto, con su marcado personalismo, actuó a espaldas de la POC, el frente democrático que engloba a posiciones políticas que van de la derecha a la socialdemocracia.
La POC propugna una transición pacífica en Guinea, y ésa es la vía a defender hoy. Esta plataforma ha jugado limpio en las municipales y Obiang debe hacerlo ahora, reconociendo la victoria de las fuerzas democráticas allí donde la hayan obtenido. A partir de ahí, debe dialogar con los líderes que han dado la cara ante la ciudadanía guineana para que las elecciones presidenciales de 1996 sean el punto de no retorno en el caminar hacia la democracia del pequeño país africano.
