Granados propone a Jiménez Villarejo como primer jefe de la Fiscalía Anticorrupción
El fiscal del Estado, Carlos Granados, propuso ayer al Gobierno el nombramiento del fiscal jefe de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, como primer jefe de la Fiscalía Anticorrupción, en contra del criterio del Consejo Fiscal, que votó mayoritariamente al presidente de la Asociación de Fiscales, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo. Jiménez Villarejo obtuvo cuatro votos, frente a los seis de Ortiz Úrculo, aunque en esta votación se abstuvo el propio Jiménez Villarejo -que es miembro del Consejo Fiscal-, cuyo nombramiento fue apoyado después por el fiscal general.
Granados destacó la unanimidad del Consejo Fiscal al hacer constar su satisfacción por la propuesta global que la fiscalía elevará al Gobierno y dijo que todos los miembros quisieron hacer constar en acta la independencia y la profesionalidad y el rigor de todos los aspirantes. Según Granados, los fiscales querían así "salir al paso de las noticias de algún medio de comunicación [en alusión al diario Abc] que pretendían poner en duda esa independencia y esa profesionalidad".El Consejo Fiscal es un órgano consultivo del fiscal general del Estado, pero su decisión no es vinculante para Granados, quien finalmente se decantó por Jiménez Villarejo como candidato a proponer al Gobierno.
Jiménez Villarejo, hasta ahora fiscal jefe de Barcelona, es un destacado integrante de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y alcanzó gran notoriedad como principal impulsor, junto al fiscal José María Mena, de la querella contra Pujol en el caso Banca Catalana.
Juan Ortiz Úrculo es fiscal en el Constitucional y presidente de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador y mayoritaria en la carrera fiscal. Úrculo contó con más apoyos en el Consejo aunque éste no puso reparos a la candidatura elevada al Ejecutivo.
Como teniente fiscal ha sido propuesto Luis López Sanz, miembro de la fiscalía de la Audiencia de Madrid. También han sido propuestos los fiscales Salvador Viada Bardají, muy conservador y adscrito al juzgado de instrucción número 44 de Madrid; Teresa Gálvez Díaz, fiscal de Barcelona; Vicente González Mota, también de Barcelona minucioso investigador de las actividades del financiero Felipe Beltrán de Caralt; Alejandro Luzón Cánovas, considerado un gran profesional y bien conocido como fiscal del caso Roldán.
Como abogados fiscales han sido propuestos Carlos Castresana, que sirve en la actualidad en la Fiscalía Antidroga y que también tiene antecedentes en la lucha anticorrupción, ya que investigó en Barcelona los avales de la CARIC (Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña, de la Generalitat) y Luis Rodríguez Sol.
La Fiscalía Anticorrupción fue proyectada por el Gobierno al saltar a la luz pública los primeros escándalos financieros. El pasado 6 de abril, el Congreso aprobó la ley por la cual se creó la fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.
Esta fiscalía entenderá de los delitos contra la Hacienda Pública, contrabando y control de cambios, prevariación y abuso o uso indebido de información privilegiada. También perseguirá la malversación, fraude, exacción ilegal, tráfico de influencias, cohecho, negociación prohibida a funcionarios y maquinación para alterar el precio de las cosas.
El fiscal general señala en la memoria que hoy elevará al Gobierno en el acto de apertura del año judicial que se dote a la Fiscalía de Anticorrupción de medios materiales y personales suficientes para que no se convierta en "algo ornamental".
