Los papeles del Cesid sobre los GAL, único escollo de Moner

La obtención de los documentos del Cesid relativos a los GAL -los originales de la denominada acta de los GAL y la nota de despacho del coronel Perote sobre el inicio de atentados en Francia- es el único escollo que ha quedado pendiente para el juez Eduardo Moner en la instrucción del caso GAL.

Se da como seguro que el magistrado llamará de nuevo a Ricardo García Damborenea, Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo, así como al coronel Juan Alberto Perote, para que ratifiquen y amplíen sus declaraciones anteriores, que sirvieron de base para elevar el caso al Tribunal Supremo al acusar a personas aforadas como el presidente del Gobierno, Felipe González; el ex ministro del Interior José Barrionuevo; el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Defensa Narcís Serra, y el secretario general del PSE-PSOE, Txiki Benegas.

Estas comparecencias se consideran previas a la posible citación como inculpados de los aforados, o al menos de uno de ellos, José Barrionuevo.

La negativa reiterada de los responsables del Cesid a facilitar los documentos dejó al juez Baltasar Garzón en la encrucijada de ordenar un registro en la sede de los servicios de espionaje. El magistrado sopesó la posibilidad de adoptar la medida, según fuentes de la investigación, ante la falta de colaboración del Cesid para esclarecer la comisión de un delito, pero finalmente optó por que fuese el Supremo el que tomase la decisión al respecto.

Declaración de Perote

Por otra parte, en su declaración del pasado día 6 ante Garzón, el coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, dijo que el llamado acta fundacional de los GAL, que aportó esa misma noche al juez el ex dirigente socialista vasco Ricardo García Damborenea, fue redactada en el departamento del servicio secreto que dirigía en julio de 1983, según publica hoy el diario Abc.Perote aseguró que la confención del documento le fue ordenada por el entonces director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, y que, en contra de los que este último ha declarado, el centro era favorable a la guerra sucia.

Por su parte, García Damborenea dijo que "deduce" que quien le entregó el escrito fue el comandante Somontes, responsable del servicio secreto en el País Vasco a principios de los ochenta.

El entonces gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, declaró también ante Garzón estar casi seguro de que el citado informe "se lo mostró" en la época el comandante Somontes.

Perote dijo igualmente al juez que Manglano le encargó confeccionar un sello con las siglas GAL, que remitió al Ministerio del Interior, El ex jefe superior de Policía de Bilbao, Francisco Álvarez, manifestó haberlo tenido en su poder y haberlo destruido por orden de Julián Sancristóbal, lo que éste ratificó.