El PSOE rectifica su propia ley del cable.

El miedo a que el Gobierno se vea obligado a retirar una ley, por primera vez en los últimos trece años, ha impulsado en las últimas 48 horas una operación del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo objetivo consiste en rectificar el proyecto de regulación del cable en favor de CiU, la coalición a la que se le había atragantado el guiso servido desde la cocina del ministro José Borrell.Los nacionalistas catalanes se han opuesto desde el principio a una regulación que sitúa el control de las telecomunicaciones en la Administración central. La principal corrección que el PSOE les ofrece ahora es la siguiente: las licencias de televisión por cable deben ser concedidas por las Comunidades Áutónomas y no por el Gobierno. El propósito de ese giro es evidente. El grupo socialista apea de sus tesis al ministro de Obras Públicas, José Borrell, un firme partidario de mantener todas las competencias sobre el cable en manos estatales. Ese es el sacrificio ofrecido a CiU para tratar de evitar que el voto conjunto de todos los grupos de la oposición -minoria catalana incluida- provoque la devolución del proyecto al Gobierno. Para que esa situación se produzca, basta con que la oposición vote a favor de las enmiendas a la totalidad, que a efectos de ese voto se acumulan, sin distinciones de origen ideológico.

Lo que le queda al Estado.

Sin embargo, la concesion que el PSOE está dispuesto a realizar a CiU sobre la cuestión de competencias no es completa. Tanto el permiso para instalar fisicamente las redes de cable, como para autorizar cualquier servicio de telecomunicación distinto del de televisión -telefonía, transmisión de datos, conexión entre ordenadores: en definitiva, lo que produce grandes volúmenes de negocio- seguirían siendo competencia de la Administración central.El portavoz socialista en materia de telecomunicaciones, Jenaro García Arreciado -que ha trasladado la propuesta a sus colegas del PP, de CiU y de IU- explica: "La Constitución impide ir más allá, porque está bien claro que los constituyentes atribuyeron al Estado la competencia en materia de telecomunicaciones". Esa misma Constitución deja un resquicio para segregar la televisión, al establecer la competencia de las autonomías sobre la regulación de medios de comunicación.

Con esta concesión los socialistas esperan desbloquear el proyecto del cable, que será debatido definitivamente en el pleno del Congreso del próximo día 21. Los cambios fueron comunicados el miércoles pasado, tanto a los máximos responsables del Ministerio de Obras Públicas como a la oposición. La rapidez de la operación contribuyó a que altos funcionarios del ministerio que dirige Borrell recibieran ayer con sorpresa tales noticias. El propio ministro, que celebró una conferencia de prensa en Bruselas, no fue preguntado por ese asunto, dado que aún se desconocía el giro del PSOE.

Uno de dichos altos funcionarios de Obras Públicas se limita a decir anoche: "En el ministerio no se ha planteado en ningún momento la cesión a las Comunidades Autónomas de competencias de servicios y redes de comunicacíon contempladas en el proyecto de ley".

La nueva oferta socialista incluye otros detalles. Por ejemplo: que las demarcaciones en las que operará cada una de las concesiones por cable serán definidas por los ayuntamientos; y que la unión de dos, o más municipios, a efectos de servicios de cable, será también competencia autonómica y no de la Administración central. Para facilitarlo, el PSOE también esta dispuesto a modificar el límite mínimo de habitantes que debería tener una demarcación municipal, a efectos de servicios por cable, que en el envejecido proyecto era de 20.000 personas.

Simultáneamente, el grupo parlamentario socialista se ha ofrecido a admitir enmiendas para garantizar que el segundo operador de cable de cada demarcación pueda actuar en igualdad de condiciones con el primero, que es la Compañía Telefónica.

Reservas de la oposición

Las reacciones de la oposición mezclaron ayer la alegación de ignorancia de la propuesta, con una gran prudencia en los pronunciamientos. El diputado de CiU, Luis Recoder, portavoz de la minoría catalana en el tema del cable, permaneció ilocalizable; y otras fuentes del grupo aseguraron desconocer las últimas ofertas procedentes de los socialistas.Tampoco había recibido tales propuestas el Partido Popular. Por lo menos eso dijo la diputada Ana Mato, que lleva los asuntos del sector audiovisual en su grupo. "Estuvimos reunidos con el PSOE hasta las 8 de la noche de ayer [por el miércoles], y no recibimos ninguna propuesta en ese sentido", aseveró. La portavoz del mayor partido de la oposición añadió que mantiene la enmienda a la totalidad del proyecto gubernamental.

Izquierda Unida sí reconoció haber recibido "verbalmente" el mensaje del Grupo Socialista. "Tendremos, que estudiar esa propuesta cuando la conozcamos a fondo" es todo lo que su portavoz para temas de televisión Felipe Alcaraz, se aventuró a anticipar.