La alcaldesa de Boadilla, acusada de xenofobia por su bando sobre inmigrantes

Nieves Fernández, alcaldesa de Boadilla del Monte (18.000 habitantes), del PP, ha sido acusada de xenofobia en varias notas de prensa y declaraciones de asociaciones de inmigrantes, sindicatos de trabajadores y de la oposición municipal de esa localidad madrileña. La alcaldesa había emitido el día anterior (véase EL PAÍS de ayer) un bando en el que aconseja a sus vecinos no contratar a inmigrantes ilegales. Nieves Fernández declaró ayer a este periódico que su intención es no perjudicar a los inmigrantes legales, que pueden verse en desigualdad de condiciones.

Comisiones Obreras considera que el bando "es una nueva muestra de la demagogia y actitud xenófoba de la alcaldesa Nieves Fernández", a la que acusan también de haber reducido la población inmigrante de esa localidad, "incumpliendo los planes de realojamiento de chabolistas y negando los locales culturales del municipio, para las aulas de castellano". Fernández, a su vez, se defendió declarando que si ella persiguiera a los emigrantes su municipio no sería el que mayor número de ellos tiene en la región, y acusó al Gobierno de "cobarde" a la hora de solucionar el problema.

Comisiones opina también que la política de estrangulamiento de los recursos económicos que los inmigrantes obtienen de la contratación de obras nada tiene que ver con la integración de los inmigrantes legales [argumento esgrimido en el bando]; antes al contrario", añade, "es un vehículo de exclusión social. Pero menos aún tiene que ver con la defensa de los inmigrantes contra la explotación. Cuantas menos oportunidades se dé a los inmigrantes para regularizar su situación y la integración, más se favorecerán la explotación y la economía sumergida. Por el contrario, debería llamarse a los potenciales empleadores a que facilitaran la regularización y la renovación de los permisos y, en su caso, el pago a la Seguridad Social".

Manuel Cobo, vecino de Boadilla y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, declaró al respecto: "No se está entendiendo ni interpretando adecuadamente lo que la alcaldesa pretende con el bando. Realmente se está persiguiendo a aquellas personas que, aprovechándose de una situación lamentable de algunos inmigrantes que viven en el término municipal de Boadilla, les están contratando en condiciones indignantes, muy por debajo del salario mínimo y sin ninguna prestación ni amparo social. Estas prácticas, que suponen aprovecharse de las personas más necesitadas, son las que perseguía erradicar la alcaldesa de Boadilla precisamente para proteger a estos inmigrantes. De todas formas, me pregunto cómo se puede realizar un contrato legal a una persona que está en una situación de ilegalidad. Lo que nos lleva a concluir que el problema está más bien en la Ley de Extranjería y no en la actitud que pueden adoptar los alcaldes. Prueba de la buena voluntad de la alcaldesa es que en una situación como ésta propone que se denuncie a la inspección de Trabajo". "Desde luego, la línea del PP, de acuerdo con lo manifestado por Ruiz-Gallardón en la campaña, es la del amparo y protección a cualquier inmigrante, aunque no sea legal".

Críticas de las asociaciones de inmigrantes al bando

La Asociación de Inmigrantes del Noroeste de Madrid ha solicitado una entrevista con la alcaldesa para averiguar las causas de la promulgación del bando. El presidente de esta entidad, Sulinam Alik, no se atrevió ayer a criticarla: "He hablado con ella a veces, y no puedo creerla todavía. Pienso que el bando puede ser sólo humo", informa Luis Fernando Durán.

Para la Asociación Española de Inmigrantes, el bando es un aberración: "Estamos extrañados. La propuesta de la alcadesa no va a combatir los problemas que padecen los inmigrantes", indicó un representante de esta entidad, que agrupa a un millar de inmigrantes. "Las soluciones deberían aportarse desde la Administración central. En cualquier caso, nos asustan iniciativas como la de Boadilla del Monte", concluyó.

En Anmistía Internacional, un portavoz afirmó: "El derecho al trabajo es algo fundamental aquí y en cualquier sitio". Antonio Flores, de la Asociación de Amigos de la Unesco, señaló: "Podría ser correcto luchar contra el fraude, con vistas a evitar la explotación a la que se somete a algunos trabajadores en España. Pero me parece una falacia contraponer dar trabajo a inmigrantes legales o ilegales. Hay que legalizar los ilegales y facilitar el trabajo a ambos".

Según Pepe Mejías, presidente del Comité de Derechos de Perú en España, "es una postura xenófoba diferenciar entre ilegales y legales. El bando es reaccionario y desafía los valores democráticos". Abdel Beyuki, presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España, calificó el bando como "xenófobo", informa Juan Francés. "El bando no soluciona nada, crea una situación de clandestinidad más profunda y marginal", dijo. "Lo único que hace es alarmar ante la situación sin dar alternativas".

Carmen Gómez, concejal del PSOE en Boadilla, manifestó: "El bando promueve la xenofobia, la violencia y el racismo. No soluciona, sino que empeora, el problema de inmigrantes en Boadilla. Este primer paso es nulo".

La contratación de inmigrantes ilegales acabó en Estados Unidos, en 1993, con las carreras políticas de dos mujeres aspirantes sucesivas al puesto de fiscal general (equivalente a ministro de Justicia). Zoe Baird y Kimba Wood fueron rechazadas tras descubrirse que habían contratado a niñeras en situación ilegal en el país.