Súplica familiar

Manuel Curiel Mohedano, un agricultor andaluz de 40 años, debería haber ingresado en la cárcel a finales de agosto para cumplir una pena de tres años de prisión menor. Un juez le condenó por haber vendido medio gramo de cocaína a dos personas en su pueblo de Palma del Río (Córdoba). Pero la semana pasada, Manuel no tomó el tormentoso camino del centro penitenciario de Sevilla y decidió convertirse en un fugitivo. En su casita de 60 metros cuadrados abrazó a su mujer y a sus seis hijos y gritó: "Somos inocentes".Entonces, el clan Marial rezó una salve y abandonó su hogar en dirección a Madrid para acampar frente al Ministerio de Justicia. Desde ayer están acomodados en la acera de la calle de San Bernardo. "De aquí no nos mueve nadie hasta que nos den una solución", chilla exaltado frente a la fachada del palacio de Parcent.

Según Manuel, el episodio más triste de su vida comenzó a escribirse hace tres años, cuando dos guardias civiles se presentaron en su casa. Dos agentes que sin mirarle a los ojos le dijeron: "Quedas detenido por tráfico de drogas".

No entendía nada. "Yo vivía féliz", relata. "Me ganaba la vida de forma legal. No tenía empleo fijo. Unos días trabajaba cogiendo naranjas y otros transportando mercancía".

Manuel entró en el cuartelillo de la Guardia Civil con la cara pintada de lágrimas. "Me acusaron de vender medio gramo de cocaína". Pero era una rampa y una mentira. Yo era un tío limpio, en mi vida no había fumado ni un porro". Según su sereno relato, "un cabo de la Guardia Civil [de cuyo nombre no quiere acordarse] dijo a dos personas que me acusaran de vender medio gramo". "Era mi palabra contra la suya", prosigue. "Y todo porque ese cabo y yo mantenemos desde niños un enfrentamiento personal".

El proceso siguió adelante. Manuel, que hasta entonces no había tenido ningún problema con la justicia, fue acusado de un delito contra la salud pública. El fallo del juez le condenó a tres años. "Se me vino el mundo encima. Además no tenía dinero para más abogados", dice Carlos, quien pidió un préstamo para contratar los servicios de un letrado.

"Ahora sólo proclamo mi inocencia y pido justicia a quien haga falta, porque en el juicio todo el mundo se contradecía y quiero que se respete la verdad".

Manuel no piensa moverse de la calle de San Bernardo mientras no le den "una miguita de esperanza". A su lado le acompaña su mujer y sus seis hijos. La esposa, Anaceli Muñoz, de 34 años, sólo habla de la palabra indulto. "Queremos que le perdonen, él no es culpable". Uno de sus hijos es invidente. Se llama Raúl y tiene 16 años. "A mi padre le necesito, porque es el que me lleva y me trae a Sevilla para estudiar en un colegio especial", relata. La familia Curiel suplica una audiencia con representantes del ministerio. "Que me escuchen", dice. Si no le reciben asegura que cortará la calle. "Aquí voy a estar todo el día, y mañana me planto en el asfalto con mis nenes".