El PSOE copia la táctica del PP al acorralar en la Asamblea al Gobierno de Ruiz-Gallardón

No han pasado los 100 días de gracia que la tradición democrática concede a los nuevos Gobiernos para que el PSOE regional empiece su labor de acoso al Ejecutivo que preside Alberto Ruiz-Gallardón. El grupo socialista, ahora en la oposición, registrará hoy en la Asamblea 79 iniciativas parlamentarias de control del Gobierno autónomo, dirigido por el PP. Esta estrategia de colapsar los plenos y comisiones con preguntas e interpelaciones sobre cualquier acción del Gobierno es la que usó con profusión el PP durante las dos últimas legislaturas en la oposición.

La cuarta legislatura de la Asamblea de Madrid empieza sus primeros pasos. Para la próxima semana está convocado el primer pleno, aunque de carácter extraordinario y para resolver el nombramiento de más de 40 nuevos consejeros de Cajamadrid, así como otros asuntos de trámite. El primer pleno ordinario no tiene fecha, pero el partido socialista, que se estrena en las labores de oposición, presentará hoy en el registro del Parlamento 79 iniciativas políticas con las que pretende enseñar su futura táctica de marcaje al día del Ejecutivo que preside Ruiz-Gallardón.La nueva dirección del grupo socialista tiene esbozada una estrategia de funcionamiento que se parece como dos gotas de agua a la que el PP implantó en Madrid para vigilar a los Gobiernos de Joaquín Leguina desde que Ruiz-Gallardón llegó a la Asamblea en 1987: agotar a los consejeros y altos cargos con comparecencias constantes ante el Parlamento. El comienzo del curso político así lo demuestra.

Juan Antonio Ruiz Castillo, el nuevo hombre fuerte del PSOE en la Asamblea ante la delegación de una dirección más colegiada que persigue el portavoz Jaime Lissavetzky, avanzó que con esas preguntas, interpelaciones y comparecencias se demostrará al PP que una cosa es gobernar y otra estar en la oposición. Entre los consejeros más vigilados por el PSOE se encuentra el de Política Territorial y Transportes, Luis Eduardo Cortés. Los socialistas le han tramitado hasta 16 peticiones de información, como la que plantea el futuro que le espera a organismos públicos como el Instituto de la Vivienda (Ivima) o la empresa Tres Cantos, que en el programa electoral del PP estaban condenados a su desaparición o privatización y que ahora, según el citado consejero en su exposición de intenciones, podrían ser hasta "potenciados".

El PSOE también persigue de cerca al nuevo consejero de Economía, Luis Blázquez. Le solicitan nueve comparecencias. Quieren saber desde qué tipo de interés se aplicará a las subvenciones a las pequeñas y medianas empresas (pymes) hasta qué sucederá con el ahora reestructurado Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) y la Inspección Técnica de Vehículos, todavía pública, o cuáles son las directrices del tantas veces prometido Plan de Choque contra el Paro.

Villapalos, acosado

La Consejería de Educación y Cultura, que dirige Gustavo Villapalos, está entre las más acosadas. Los diputados socialistas requieren información sobre el desarrollo y calendario de la Ley de Garantías de Derechos de la Infancia o la Ley del Deporte, sobre las previsiones de cumplimiento del plan cuatrienal infantil en el municipio de Madrid, sobre la programación de la red teatral de la Comunidad, la creación de las prometidas 12.000 nuevas plazas universitarias y la política de implantación de más universidades privadas en la región.Más polémicas se presumen dos iniciativas referidas a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, encabezada por Carlos Mayor Oreja. En una se pide la conclusión de los daños medioambientales de los graves incendios ocurridos al principio del verano en Miraflores y Somosierra, y en otra se requiere el informe de impacto ambiental y la auditoría de las pruebas efectuadas en la incineradora de Valdemingómez por el Ayuntamiento de Madrid.

Al consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, se le solicitan las medidas emprendidas para favorecer el acceso a los puestos de trabajo de las mujeres y la erradicación de la publicidad discriminatoria de Telemadrid.