Solbes propone un aumento del gasto del 4% en 1996 y dicta un plan de austeridad funcionarial
Pedro Solbes presentará hoy en el Consejo de Ministros un avance de los Presupuestos Generales del Estado para 1996, que propone un crecimiento del gasto público el año próximo en torno al 4% en términos nominales. Esta propuesta equivale a un aumento cero en términos reales. El esquema del ministro de Economía incluye un recorte de la inversión pública del 10%, una reducción de las transferencias a empresas públicas de otro 10% y un severo plan de austeridad para la Administración, que se plasmará en un recorte de entre el 15% y el 20% en los gastos del Estado.
Pedro Solbes, ministro de Economía y Hacienda, someterá hoy a la consideración del Consejo de Ministros el primer borrador de los gastos públicos del Presupuesto para 1996. Este borrador refleja el equilibrio entre la necesidad inapelable de atender el crecimiento de gastos intocables (intereses de la deuda, gastos sociales, pacto salarial con los funcionarios) y la igualmente ineludible de reducir el déficit de las Administraciones Públicas (en términos Contabilidad Nacional) al 4,4% del PIB. El resultado es el recorte en inversión, transferencias públicas y gastos corrientes, decisión esta última que equivale a un plan de austeridad de hecho para los funcionarios de la Administración.El documento defiende la decisión política de mantener los gastos sociales (las pensiones subirán el año próximo con el IPC) y debe respetar los acuerdos salariales con los funcionarios (capítulo 1 del Presupuesto).
También son inapelables los vencimientos de los intereses de la deuda. Los primeros cálculos de Hacienda indican que el año próximo los pagos, aumentarán en tomo a 400.000 milllones de pesetas y se situarán finalmente en 3,4 billones de pesetas (este año suman 2,9 billones).
Estás son las invariantes de la situación presupuestaria, según el esquema de gastos que examinará hoy el Gobierno. Con estas exigencias de gastos, Solbes y su equipo, proponen practicar recortes en el gasto, para conseguir el objetivo de déficit en 1996, según los siguientes criterios:
- Recortar el volumen de inversión pública en el 10%. Es decir, el recorte del gasto sería del orden de 100.000 millones.
- Reducir las transferencias a empresas públicas y familias en otro 10%. El ahorro está valorado en este caso en tomo a los 200.000 millones de pesetas.
- Recortar los gastos de funcionamiento de la Administración, los llamados gastos corrientes, entre el 15 y el 20%. Esta decisión, que equivale a un Plan de Austeridad para la Administración, supone aproximadamente aun ahorro de 70.000 millones de pesetas (si se cumple, claro).
Este esquema implica que el Presupuesto de Gastos crecerá en 1996 entre el 3,5% y el 4% en términos nominales, es decir; en términos reales, el crecimiento será cero o próximo a cero (la inflación prevista es el 3,5%). Los gastos no financieros de las Administraciones, en ese caso, estarían en torno a los 18 billones.
La otra vertiente del Presupuesto, los ingresos, está menos definida. La razón es que se ha preferido esperar a conocer los ingresos públicos en agosto para definir los criterios principales para 1996. El aumento de los ingresos públicos no financieros estará en torno al 5%.
Los criterios aceptados hasta el momento se subordinan al principio de que no aumente la presión fiscal y ligan la evolución de las partidas de ingresos al IPC. La tarifa del IRPF será deflactada según la inflación prevista. Pero los impuestos que gravan el tabaco y el alcohol subirán según el IPC objetivo. Las tasas públicas también aumentarán el 3,5%. No existe decisión sobre la gasolina, pero probablemente también subirá. Todavía queda margen respecto a la fiscalidad media europea.
Nueva convergencia
Pedro Solbes mantiene su calendario político de negociación del Presupuesto. Quiere reunirse a partir de la próxima semana con los grupos parlamentarios para acordar su apoyo en el Congreso, informa Europa Press. También mantendrá reuniones con UGT y CC OO, según Servimedia.El grupo Popular pedirá al Gobierno que elabore un nuevo programa de Convergencia. Considera que el que se aplica es "inoperante". Tal petición se realizará en un pleno del Congreso tras la reanudación de las sesiones parlamentarias.
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