Las responsabilidades del presidente
El coste de no separar nítidamente las responsabilidades penales de las más genéricas responsabilidades políticas es, mevitablemente, la politización de la Justicia y la judicialización de la política. A pesar del obsceno via crucis a que se sometió a Mariano Rubio en el Congreso lo cierto es que, hasta el momento, ha sido casi el único caso de corrupción que se tramitó correctamente. Pues depuradas las responsabilidades políticas del ex gobernador del Banco de España, ¿qué interés político tienen ya sus eventuales responsabilidades penales? Políticamente, el caso está zanjado y por ello -y sólo por ello- los tribunales pueden actuar, no sólo objetivamente, sino pareciendo que actúan objetivamente. Este es el contexto en el que analizar la última entrega del culebrón: el escrito de traslado al Supremo de los autos del caso GAL. Y en relación con el cual pueden formularse los siguientes comentarios.
El cuarto comentario resulta del contraste entre los dos anteriores. Pues si se solicita la imputación de Felipe González con tan poca base, ¿por qué no se solicitó la imputación de Barrionuevo cuando existía la misma y endeble base, dando traslado entonces (y no ahora) del asunto al Supremo? La contradicción muestra que, contra toda evidencia, Garzón no es perfecto y también puede equivocarse. Y o bien se equivocó entonces no remitiendo las actuaciones al Supremo, o se equivoca ahora, imputando a Felipe González. Creo más bien lo segundo; la actual imputación está fuera de lugar y debería haber sido (en su caso) el Supremo quien, tras tomar declaración a Barrionuevo, sobre quien sí hay indicios, decidiera si era o no precedente imputar al presidente. No lo ha hecho así y ello es, en mi sincera opinión, un importante error judicial y un mayúsculo error político que el Supremo debería aclarar con la máxima urgencia.
Finalmente -y regreso al principio- todo ello prueba que el presidente debería haber dimitido hace tiempo, no por las no probadas responsabilidades penales, sino por las abrumadoras responsabilidades políticas. Pues, al igual que Garzón no es perfecto, tenemos que aceptar, contra toda evidencia, que Felipe González es mortal e incluso sustituible, y puesto que no deseamos su muerte, sólo su sustitución nos hubiera evitado a los españoles el trago amargo de que nuestro presidente del Gobierno, que es además presidente de la Unión Europea, esté siendo imputado de gravísimos delitos por un juez; un desastre nacional que sin duda daña más a unos que a otros, pero que daña a todos.
