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EL 'CASO GAL', EN EL SUPREMO

Pujol halla "muy incómoda" la situación

"Se ha creado una situación muy incomoda para todos que dificulta el buen funcionamiento del país. Sólo pedimos la máxima rapidez". Ése fue el único comentario del presidente catalán, Jordi Pujol, tras la decisión del Supremo de asumir el caso GAL, al existir acusaciones contra Felipe González y tres aforados más.

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Más explícito fue Josep López de Lerma, también de CiU quien consideró que el Supremo ha adoptado "una decisión correcta" que "entra dentro de la lógica jurídica". Advirtió, sin embargo, que "la investigación pesará sobre todo el país como una espada de Damocles, hasta el punto de que podría condicionar la propia legislatura". "Por el momento", agregó, "no hay base suficiente para afectar a González, si todo se fundamenta en las declaraciones de Damborenea".Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP, consideró "muy respetable" la decisión del Supremo y reiteró que, "con independencia de ésta o de cualquier decisión judicial, las circunstancias exigen, exigían y van a seguir exigiendo la dimisión del presidente del Gobierno".

Más cauto se mostró el presidente del PP, José María Aznar, quien declaró en Roses (Gerona): "Nosotros no entramos en el capítulo judicial porque el PP ya estableció las responsabilidades políticas en el Congreso. Conviene no mezclar las cosas".

Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV en el Congreso, se mostró de acuerdo en que el Supremo investigue el caso GAL, pero le pidió "que acelere los trámites, para que esta situación de duda, que perjudica gravemente la estabilidad política, se resuelva cuanto antes". Anasagasti advirtió que, aunque no hubiera responsabilidad penal, "sí hay responsabilidad política por omisión".

Para Mariano Santiso, coordinador de la Presidencia de IU, la decisión del Supremo significa que "hay un indicio de responsabilidad de personas aforadas, entre ellas, el presidente del Gobierno". La decisión, agregó, tiene "trascendencia política importante", pues, "sólo si hay indicios racionales de criminalidad, el Supremo acepta la competencia".

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