Uno de los testigos del 'caso Lasa-Zabala' es socio de un sospechoso de relación con los GAL

Pedro Luis Miguéliz Dabadie, uno de los testigos que han declarado ante el juez Carlos Bueren sobre la desaparición y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, gestiona y dirige una compañía de seguridad junto a Víctor Manuel Navascués Gil. Navascués fue procesado en 1985 como presunto cerebro de un comando de los GAL que asesinó aun ciudadano francés, aunque quedó absuelto. El Gobierno Civil de Gruipúzcoa estudia la situación de la empresa de seguridad tras recibir una denuncia de la federación de servicios de UGT sobre presuntas irregularidades.

Según la denuncia de UGT, la ley prohíbe participar en compañías de seguridad a personas con antecedentes penales. Miguéliz, conocido como Txofo, siguió en su puesto después de cumplir condena por cohecho en la prisión de Martutene (San Sebastián). Miguéliz ha mantenido estrechas relaciones con guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo, en la capital de Guipúzcoa.El año pasado, Txofo y el entonces sargento de la Guardia Civil Enrique Dorado Villalobos fueron condenados a cuatro meses de arresto cada uno por haber sobornado al jefe del grupo antidroga del instituto armado en Guipúzcoa, el entonces cabo Antonio Cruz.

Los condenados, según la sentencia, pagaron 1.500.000 pesetas a Cruz a cambio de que "relajara" la vigilancia en ciertos días de la primavera de 1988, con objeto de introducir alijos. No está acreditado si el contrabando era de tabaco o de drogas.

En la misma causa figuraba como imputado el empresario José Antonio Santamaría, citado por el informe del fiscal Luis Navajas sobre corrupción en el acuartelamiento de Intxaurrondo.. Santamaría fue asesinado por ETA el 19 de enero de 1993, antes de la celebración del juicio.

Varias condenas

Dorado Villalobos, Quique, está condenado, además, por torturas a un detenido y un atraco en Irún. El Ministerio de Justicia e Interior decidió expulsarle del cuerpo, pero el mes pasado empezó a cobrar una pensión al haberle concedido el Ministerio de Defensa la baja por "pérdida de las condiciones psicofisicas" para el servicio.

Miguéliz compareció en la Audiencia Nacional ante el juez Bueren el pasado 24 de julio. El magistrado suspendió sus vacaciones para recoger su testimonio y el de la novia de un guardia que se suicidó.

Aunque la declaración de Migúeliz no ha trascendido, fuentes próximas a la investigación del caso Lasa-Zabala señalan que su testimonio "reforzó" una vía de investigación que apunta a Dorado Villalobos y al ex guardia Felipe Bayo Leal como participantes en el secuestro de los dos presuntos miembros de ETA.

A raíz de la denuncia de UGT, el Gobierno Civil estudia la retirada a Miguéliz de la licencia que ampara la actividad de la compañía de seguridad. La denuncia señala que Txofo ha seguido como gerente de Envise (Empresa Nacional de Vigilancia y Seguridad) después de haber sido condenado en firme.

Según UGT, Navascués es uno de los socios de Envise. Navascués fue juzgado y absuelto en diciembre de 1985 del asesinato de Jean Pierre Leiba en Hendaya, en el País Vasco francés. Los dos condenados como autores materiales, Daniel Fernández Aceña y Mariano Moraleda Muñoz, le señalaron reiteradamente desde el momento de su detención como cerebro, organizador y financiador del grupo.

Navascués desapareció de su domicilio en Irún y se entregó siete meses después en la Audiencia Nacional, coincidiendo con un viraje radical en la declaración de Moraleda y Fernández Aceña. Ambos aseguraron a partir de entonces, que no le conocían de nada, extremo que el propio Navascués desmintió en el caso de Fernández Aceña.

El pequeño empresario irunés fue acusado por el concejal de Herri Batasuna Fermín Urtizberea de haberle acosado y perseguido con su coche días antes de sufrir un secuestro, en noviembre de 1988. Navascués negó de plano la acusación y se quejó de que se le estaba poniendo en punto de mira de ETA.

Deudas e impagos

Envise fue creada en 1988 en Madrid y tiene registrado su domicilio social en el despacho 14 del número 1 de la calle Mayor de la misma ciudad. Abrió su primera oficina en Guipúzcoa en el barrio de Intxaurrondo, en San Sebastián, para trasladarse hasta 1994 a Irún, la ciudad de Navascués.

La última sede conocida se encuentra de nuevo a San Sebastián, en el barrio del Antiguo. La petición de creación de la empresa fue presentada ante el Gobierno Civil, de Guipúzcoa por Miguéliz.

Desde su creación ha realizado servicios para la Administración, discotecas y clubes de alterne, según fuentes de UGT. La seguridad de. las obras de la nueva playa de la Zurriola, en San Sebastián, realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, estuvo a cargo de personal con tratado por la empresa de Miguéliz, según medios vinculados al sector. Esa tarea se realizó mientras el gerente de Envise se encontraba en la prisión de Martutene cumpliendo condena.

Envise ha tenido problemas judiciales por deudas con la Seguridad Social, entre los años 1991 y 1993, e impagos frecuentes a sus empleados. La intención de Miguéliz, según fuentes consultadas por este periódico, es vender la empresa en próximas fechas debido a los problemas que tiene, tanto legales como administrativos.

Interior investiga si hay presiones a los testigos

El Ministerio del Interior ha abierto una investigación para determinar si guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo están presionando a posibles testigos en el caso Lasa y Zabala para conseguir que no presten declaración ante el juez Carlos Bueren, según informó ayer El diario vasco, de San Sebastián.La investigación se inició después de conocerse que miembros de la Guardia Civil mantienen un estrecho control sobre personas que han declarado ante Bueren o que pudieran hacerlo, como Pedro Luis Miguéliz, Txofo, o antiguos amigos del guardia Carlos José Marrero, que se suicidó y cuya novia ha testificado ante el magistrado.

Algunas personas que han aportado información a los equipos policiales encargados de esclarecer el doble secuestro y asesinato se han quejado de haber recibido amenazas. También afirman que han sido perseguidos por automóviles que consideran sospechosos.

El mismo diario informa que la policía investiga presuntos delitos comunes de uno de los equipos antiterroristas de Intxaurrondo, dirigido por Fabián Dorado Villalobos, hermano del ex sargento Enrique. Según testimonios recogidos por Interior, guardias de éste grupo se dedicaron a perpetrar atracos en gasolineras. Los agentes aprovechaban los viajes de regreso desde Madrid a San Sebastián después de cada traslado de presos a la Audiencia Nacional

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0014, 14 de agosto de 1995.

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