La guerra del fútbol, vista para sentencia

El Consejo Superior de Deportes (CSD) se pronunciará hoy sobre el conflicto más grave del fútbol español. La decisión pasa por deJar en Segunda División B al Sevilla y al Celta o, por el contrario, aceptar sus recursos. Ayer, el Albacete y el Valladolid, los otros clubes afectados, aportaron sus alegaciones. Rafael Cortés Elvira, secretario de Estado para el Deporte, comparecerá para comunicar el veredicto. Todo parece indicar que el CSD dará por buena la decisión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), pero encontrará un defecto de forma. De confirmarse esta tesis, el asunto voLVría a la mesa de la LFP. Así, los clubes tendrían que tomar la última decisión. En sus manos estará ampliar a 22 equipos el próximo campeonato.

La posición de una gran mayoría del fútbol español es contraria a la ampliación, e incluso algún portavoz la califica de inviable por varias razones. La próxima temporada debe terminar el 19 de mayo a causa de la Eurocopa y no quedan así fechas libres entre semana para el campeonato. Además, el precedente de que el Sevilla y el Celta se quedaran en Primera División supondría que en el futuro cualquiera se podría saltar la ley porque los recursos prosperan. Pero, dejar a estos dos equipos en Segunda supondría reavivar el conflicto. Todo apunta a una resolución consensuada.En lo que todas las partes. están de acuerdo es que el Real Decreto es demasiado duro, aunque los clubes lo aceptaron en su momento. Por todo ello, no está descartado un cambio para suavizarlo en el futuro.

Marcos Fernández, presidente del Valladolid, se mostró ayer convencido, al entregar sus alegaciones en el CSD, de que el dictamen final será el adoptado por la Liga en un principio -ascenso de Valladolid y Albacete a Primera División al descender Sevilla y Celta-: "No procede ningún tipo de alternativa que no sea más que la razón, eso pasa por un cumplimiento estricto de la ley por lo que no se nos puede negar un derecho que tenemos adquirido".

Uno de los puntos básicos de las alegaciones presentadas tanto por castellanos como por manchegos es la incompatibilidad de la Ley de Procedimiento Administrativo. Antonio Alonso de las Heras, abogado del gabinete Garrigues contratado para el caso, afirmó: "No estamos en manos de entidades públicas, puesto que las federaciones y la Liga son entidades privadas y además están ejercitando sus potestades domésticas. Por lo tanto no deben someterse a cauces propios de las administraciones públicas". Ambos clubes han formado un frente común con una idea claramente determinada: el cumplimiento de la ley.

Juan José Remiro, presidente del Albacete, resumió los sesenta y cuatro folios de alegaciones presentadas en cinco palabras: "Que se cumpla la ley". Remiro diferenció dos tipos de argumentos, los de forma y los de fondo. Dentro de los aspectos formales el Albacete concibe la inaplicabilidad de la ley de procedimiento administrativo en el tema: "Cuando se habla de la Liga de Fútbol Profesional estamos hablando de una entidad privada, por esta razón esa incompetencia se debe traducir en la improcedencia del propio recurso administrativo ordinario. La aplicación del real decreto 449 no es desproporcionada, ya que es una cuestión de ordenación interna". En las cuestiones de fondo el presidente del Albacete señaló "el incumplimiento en tiempo, en plazo y en forma del Sevilla y Celta con el Real Decreto".

Ambos equipos, Sevilla y Celta, fueron requeridos en repetidas ocasiones por miembros de la Liga Profesional antes del cumplimiento del plazo para que presentaran los avales y no lo hicieron. El club vigués no presentó un aval correcto hasta el día 3 de agosto, cuando ya se habían presentado los recursos. Anteriormente, había presentado documentos que no se pueden entender como aval. Por su parte, el Sevilla presentó una transferencia bancaria procedente del propio club, lo que en ningún caso puede tener la consideración de aval a los efectos del decreto de la LFP que establece que deben ser los directivos y no la entidad los que avalen el 5% del presupuesto.

Los abogados del Valladolid no manifiestan ninguna duda sobre la exactitud de su tesis jurídica y de los hechos, aunque no están tan convencidos de las posibles soluciones políticas que pueda dar el CSD, del que esperan un fallo automático tras la presentación de sus alegaciones.

La LFP aguarda la decisión del CSD, si bien sus portavoces no se casan en repetir que ellos son "una ventanilla de comprobación". Pero, en esta ocasión los clubes tendrán la última palabra. Ellos decidirán si el título lo disputarán 20 o 22 equipos.