También los jueces

CIERTAMENTE, COMO advirtió ayer el Consejo del Poder Judicial, para ejercer su función, los jueces necesitan "un clima de sensatez y prudencia", que se echa en falta en el actual patio nacional. Seguramente las causas de esa situación son múltiples y varios los sectores responsables del deterioro. Los políticos, sin duda, y también la prensa. ¿Lo son también en alguna medida los propios jueces? El Consejo General ha respondido con mesura a la petición de pronunciamiento urgente planteada por uno de sus miembros, el vocal Javier Gómez de Liaño, que había observado graves ataques a la independencia de los jueces en ciertas opiniones vertidas por políticos y periodistas en los últimos días. Pero si de prudencia y sensatez se trata, tal vez los jueces deberían predicar con el ejemplo. En una entrevista publicada el pasado 7 de mayo, el propio Gómez de Liaño acusaba al juez en excedencia, actual ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch de ser "el responsable de las falsificaciones [de los papeles] de Laos", y al fiscal general del Estado, de ser alguien "demasiado frágil de carácter". En su escrito al consejo de la pasada semana, Gómez de Liaño considera que algunos juicios vertidos sobre el juez Garzón "tienen dureza, estrépito y gravedad" suficientes como para que intervenga el órgano de gobierno de los jueces. Pero en ese mismo escrito, y a propósito de la infracción del secreto sumarial sobre las declaraciones de García Damborenea al juez instructor, el propio Gómez de Liaño aventura la hipótesis de que "quizá la Clave [de la filtración] se encuentre en alguien que se sienta en el Consejo de Ministros".

Ya en junio pasado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se había quejado ante el consejo por las expresiones vertidas por Gómez de Liaño en una carta dirigida al presidente de esa asociación. Todo era consecuencia del voto particular planteado por el también vocal Andrés de la Oliva, que había defendido la tesis de que su colega debería haberse abstenido de intervenir en determinada resolución so bre el caso Banesto, dada su condición de hermano de Mariano Gómez de Liaño, defensor de Mario Conde. Javier respondió acusando a De la Oliva, entre otras muchas cosas, de "moverse en un predio de abyección", de ser un "burócrata del derecho procesal" incapaz de dar una lección "ni siquiera en lo que podría ser su materia" y de no alcanzar a entender "nociones como las de neutralidad, independencia y decencia".

En el escrito que ha suscitado el pronunciamiento del Consejo General -a través de su comisión permanente-, el vocal Gómez de Liaño estimaba que las acusaciones vertidas sobre Garzón a raíz de su decision de elevar al Supremo la consulta sobre el sumario de los GAL equivalen a "llamarle parcial y, en consecuencia, prevaricador". Es verdad que se han dicho muchas tonterías, pero no se puede negar que llama la atención que Garzón desistiera de elevar esa consulta al Supremo cuando aparecieron indicios contra Barrionuevo, reteniendo así el sumario hasta la aparición de una declaración inculpatoria contra el presidente del Gobierno. Un antiguo presidente del Tribunal Constitucional expresaba ayer en estas páginas su perplejidad ante esa aparente incoherencia.

Es cierto que en España -pero no sólo aquí- existe en los últimos años una relación conflictiva entre el poder ejecutivo y el judicial, y que la judicialización de la política, efecto de la lamentable teoría gubernamental de hacer depender las responsabilidades políticas de la existencia de sentencia firme, ha contribuido mucho a la confusión actual. Pero no es realista ignorar el papel que en ese deterioro han jugado algunos jueces que no han resistido la tentación de utilizar su poder jurisdiccional, para combatir al Gobierno, moralizar la sociedad u otros fines ajenos a su función, o, simplemente, para obtener, una notoriedad pública, contradictoria con la discreción que siempre se consideró consustancial a ese oficio.