Estiaje

Como esos tenistas que rematan la bola con una dejada sobre la red, el juez Garzón ha cerrado el curso político con una jugada que ha sorprendido a contrapié al poder socialista, agazapado como estaba al fondo de la pista. Y sin querer le ha salido además una chocante carambola a tres bandas (los tres poderes de Montesquieu), dado el inesperado revés (artículo 102.2) devuelto a tientas por Cotta. Con ello surge de improviso un nuevo factor de incertidumbre que deja en suspenso todos los cálculos previos de calendario y agenda, distorsionando el curso del proceso político hasta dejar seco su cauce previsible: es la sequía de certezas o estiaje político, que impide planear con esperanzas de éxito cualquier iniciativa. Así nos adentramos en el verano del 95 con una curiosa sensación de impasse, como si estuviésemos sometidos a un kafkiano proceso semejante al sufrido por Joseph K.No resulta por eso extraño que, a pesar de la vacación, la calma no parezca sin embargo posible. Y quien más intranquilo aguarda es el poder socialista; su sensación de impotencia ante la incertidumbre le lleva a dar inútiles palos de ciego, como es la convocatoria para octubre de una inverosímil "conferencia en defensa de la dernocracia". Estamos de nuevo ante su obsesiva manía persecutoria, que les compele a sentirse víctimas de una confabulación. Pero ya se sabe que las profecías paranoicas terminan por cumplirse a sí mismas: en consecuencia, cansados de su irresponsabilidad así como de sus excusas, cada vez hay más sectores sociales que apuestan por la caída del poder socialista.

Bien es verdad que a esto en Ferraz ya no lo llaman "conjura" sino conjunción de intereses, ajenos a la soberanía popular, que quieren imponer su poder sobre la autonomía política". Pero ¿qué hay de ilegítimo en ello (con independencia de los métodos, perseguibles de oficio si parecen ¡legales)? ¿no es eso mismo lo esperable de la necesaria primacía de la sociedad civil, que exige la independencia ciudadana respecto a la oligarquizada clase política? No obstante, pese a lo discutible de su formulación, creo que los socialistas están oscuramente acertando a poner el dedo en la llaga. Al margen de los procesos penales pendientes, que más pronto o más tarde se resolverán, creo que nuestra democracia arrastra un grave problema de fondo mucho más difícil de resolver, y es el de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Pero no me refiero a las relaciones institucionales, que están jurídicamente bien definidas, sino a las prácticas reales: nos sobran leyes reguladoras (por ejemplo, fiscales o de financiación de partidos) pero que luego resultan ciertamente incumplidas.

Es cierto que la democracia, como el Estado de Derecho, exige el más escrupuloso respeto a la formalidad de las reglas de juego. Pero no lo es menos que suelen ser los más tramposos (como prueba la conjura) quienes más y mejor se escudan en el rigorismo formalista. Habitamos así un mundo de ficción jurídica, que posibilita la informalidad de las prácticas con tal de que se respete el formalismo de las apariencias. De ahí el clima de impunidad que hace posible la ambigua coexistencia de un legalismo aparente pero encubridor de una subterránea ilegalidad real, tácticamente consentida. Y los ejemplos de esta farsa formalista sobreabundan: tanto en el poder, los partidos y la magistratura como en la oposición, la prensa o la empresa privada. Pero ¿acaso esas corruptelas no se han visto inducidas (o al menos reforzadas y favorecidas) por el ejercicio del poder socialista?

Creo que aquí reside la más grave irresponsabilidad histórica que cabe atribuir al PSOE: la de haber pervertido la conciencia ciudadana con su clientelista ocupación de las instituciones públicas. Y lo más grave es la inercia generada: cuando el PP tome el poder, sobre todo si lo hace por mayoría absoluta, ya no podrá encontrar apenas resistencia cívica que se oponga a su oligárquica ocupación de las instituciones. Y esa resistencia sería, precisamente, la auténtica defensa de la democracia que se necesitaría.