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Tribuna:

Jugando con cuchillos

¿Cuándo fue esa reunión, señor Damborenea? ¿Quién estuvo presente? ¿Dónde tuvo lugar?", preguntaban, ansiosos, los periodistas. "Mire usted, eso es no saber cómo se hacen las cosas", contestaba el interpelado; "lo comentamos en diversas ocasiones, lo he hablado repetidas veces". En ese diálogo se exhibe todo el alcance del malentendido. Cuando Damborenea proporciona datos (y no opiniones) aplica un modelo no intencional de la historia: el GAL como consecuencia de las decisiones de muchos. Los periodistas aplican un modelo conspirativo: si hubo GAL es porque alguien, en algún sitio y en un momento concreto decidió crear exactamente eso. Lo que dice Damborenea es probablemente cierto. Lo que los periodistas (y el juez Garzón) nos transmiten es probablemente falso. Pero entre un relato y otro media un abismo.Sólo tenemos un testimonio que inculpe jurídicamente al presidente González en la trama de los GAL: el de Damborenea. No es un testimonio fidedigno, pues carece de datos y referencias comprobables. Y es evidente que quien lo emite está objetivamente interesado en ampliar las responabilidades. Tiene a su favor la lógica y el buen sentido; no resulta creíble que el ex ministro de Interior haya arriesgado tanto sin protegerse. Eso es todo. Mucho, pero quizá no tanto y, desde luego, jurídicamente discutible.

Pues bien, tan absurdo es negarse a ver la evidencia política y / o penal allí donde está (según nos tienen acostumbrados el Gobierno y el PSOE) como verla allí donde no está. Ya ha ocurrido con el caso Crillón, una tormenta en un vaso de agua, como advertí en solitario en estas páginas. Puede volver a ocurrir. Las declaraciones de Damboenea son explosivas, como su vida. Pero lo que en ellas es nuevo no está fundado y lo que sí lo está, la responsabilidad política, no es nuevo. Ella es tan grave por sí sola que debería llevar a la dimisión de Felipe González; si él no lo hace, a que el partido se la pida o, cuando menos, a presentar la moción de confianza; y, si ellos no lo hacen, a que la oposición plantee una moción de censura. Ese es el camino constitucional.

Ahora bien, ¿es razonable que porque alguien afirme sin más que ha cometido un delito el presidente del Gobierno español (éste u otro) se vea obligado al absurdo jurídico de tener que demostrar su inocencia ante el Congreso, interrumpiendo incluso las vacaciones parlamentarias? ¿Es ése un precedente saludable para la democracia española? Y, tras la jura de Santa Gadea, palabra contra palabra, la de un terrorista y la del presidente del Gobierno, ¿es razonable que se acepte aquélla como cierta y, con esta sola base, se inculpe penalmente al presidente? Quienes hemos clamado contra la constante judicialización de la política a que conduce la actitud del Gobierno (por última vez, en el reciente pleno) debemos también mostrar nuestro asombro ante este intento de politizar la justicia, arrastrada por una vorágine de rencores, ambiciones y vanidades que, de modo insensato, piensan que cuanto peor, mejor. Porque, caso de que eso llegara a suceder, no se trataría del triunfo de nadie, sino del fracaso de todos, no de González o del PSOE, sino de la democracia y de España toda.

Pues quien pretenda inculpar penalmente al presidente del Gobierno (repito: éste u otro) debería estar cargado de razón y abrumado de evidencias. Por el momento, tales no existen o no las conocemos. Sin duda, el Tribunal Supremo dirá lo oportuno. Yo espero, deseo y, desde luego, creo que sobre una única, incierta e interesada confesión poco puede construirse. Y, si es así, España entera sabrá quién está dispuesto a anteponer ciegamente sus ambiciones o rencores a los intereses nacionales. En todo caso, esa estrategia puede acabar con quien la utilice. El PP no la necesita y mejor haría en dejar de jugar con cuchillos cachicuernos. Esos compañeros de viaje se revolverán como perros rabiosos contra quien les azuzó en primer lugar. Toda la delicadeza e incluso generosidad del mundo será poca en este asunto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de julio de 1995